Según un estudio publicado a través de la iniciativa Paraguay Debate, la economista Verónica Serafini, quien es miembro del Centro de Análisis para la Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), asegura que nuestro país no cuenta con una política de protección social y que los recursos que están destinados a atender esta problemática están fragmentados y dispersos.
En su análisis recoge datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2016, que muestran que el 77,8% del total de la población ocupada en el país, de más de 18 años, no cuenta con la protección del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS); en el área rural, este porcentaje inclusive se eleva a un 87,8%.
Al observar cómo está la situación del 10% de la población más vulnerable, los mismos datos oficiales muestran que 99,4% de esta población no tiene protección social; en el área urbana la situación afecta al 93,2% en situación de miseria, mientras que en el campo hasta al 99,8%.
Serafini recuerda que el pilar de la protección social en Paraguay se sustenta en el IPS y en la Caja Fiscal, el primero tiene cobertura de salud y jubilación, el segundo solo jubilación. “Ambas instituciones cubren a menos de un cuarto de la población, concentrado en el quintil más rico de la población, ya que es la que logra empleos con cobertura de seguridad social”, indica.
Respecto a la pensión al adulto mayor, dice que si bien esta transferencia subsana una condición de extrema vulnerabilidad, no puede ser una acción de largo plazo ya que la transferencia es baja, apenas el 25% del salario mínimo.
“El programa no está integrado a una estrategia más amplia que cubra otros derechos como la salud”, subraya.
A nivel país el 72,6% de los adultos mayores no cuentan con una pensión alimentaria, pero al separar por áreas de residencia la cobertura no alcanza al 85,9% en las zonas urbanas y un 53% en las áreas rurales.
“La protección social en Paraguay configura un esquema de baja cobertura y altos niveles de fragmentación y segmentación socioeconómica. Con estas condiciones, los recursos invertidos pierden efectividad y no contribuyen a reducir desigualdades”, señala el análisis de Serafini.