Hace ya seis años que las obras del hotel Four Points de la cadena Sheraton son motivo de una ardua batalla legal en Cusco para evitar que, tras haber retirado restos arqueológicos de la época inca y haber construido más alturas de las permitidas, el caso quede impune y siente un precedente que pueda repetirse.
Actualmente, la obra está paralizada y desde cualquier punto elevado de la ciudad puede divisarse el esqueleto del edificio, un cúmulo de pilares y vigas de hormigón con hierros a la intemperie que resultan una gran nota discordante con el resto de la arquitectura colonial y republicana de la antigua urbe.
Es uno de los ejemplos más emblemáticos de presunta corrupción inmobiliaria en Cusco, pues las obras comenzaron en 2014 gracias a que el alcalde Luis Flores García, dos días antes de culminar sus funciones, dio los permisos para que el hotel tuviese hasta siete plantas en un barrio de casonas coloniales donde el máximo permitido es de dos.
Esto rompió el perfil de Cusco, la capital turística de Perú, que es una escala obligatoria para visitar la ciudadela inca de Machu Picchu y cuyo encanto reside en el alto grado de preservación de la mezcla de los elementos prehispánicos con los coloniales en una mixtura muy singular.
Andenes incas
Durante la construcción del hotel, ubicado en las faldas del cerro donde se encuentra la fortaleza de Sacsayhuamán, se retiraron cinco filas de andenes incas, aunque la empresa dice que solo fue una, y se excavaron dos sótanos cuando las normas municipales no permiten construcciones subterráneas.
En esos trabajos se hallaron hasta cinco entierros prehispánicos y se perturbaron canales incas que conducían el agua del río Saphi, una de las fuentes que abastecía a la capital del imperio incaico.
“Pasar por ese lugar todos los días da dolor de ver cómo se está destruyendo parte de nuestra memoria histórica”, aseguró a EFE la abogada Tika Luizar, presidenta de la Comisión de Juristas contra la Corrupción de Cusco, quienes han logrado una histórica sentencia para que se derribe la obra y se restituyan los restos arqueológicos.
La sentencia emitida en segunda instancia está vigente desde finales del año pasado, pero se encuentra pendiente de ejecución por parte de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, cuyo director, Fredy Escobar, se muestra en las últimas semanas reacio a acatar el fallo judicial.
Daño irreversible
“El daño es irreversible, no puedo sacar piedras de donde sea y hacer la pantomima de restablecer un muro antiguo”, dijo Escobar en octubre.
No obstante, el comité peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), entidad especializada asesora de la Unesco en temas de patrimonio mundial, ya advirtió el año pasado que el caso de este hotel puede llevar a Cusco a perder su calificación de patrimonio de la humanidad que ostenta desde 1983.
El Icomos, contrario desde un inicio a la construcción de este hotel, consideró que la sentencia que busca demolerlo es un “antecedente ineludible”.
"(La actitud de Escobar) es una abierta resistencia al cumplimiento de un mandato judicial”, aseguró Luizar, cuyo grupo de abogados ya ha solicitado una audiencia judicial para demandar que se ejecute la sentencia, con presencia de representantes de la Unesco.
“Esto no se puede permitir. Vemos que el caso no es solo de interés nacional, sino mundial, porque se trata de patrimonio cultural de la humanidad. Si es necesario, acudiremos a los fueros internacionales para que esta sentencia sea ejecutada”, enfatizó.
Memoria
Para la letrada, la petición de demoler la obra “no es un capricho”, pues los restos arqueológicos que se removieron “representan la memoria de los antepasados”.
“Se trata de la memoria histórica. Es parte de la sangre que corre por nuestras venas, es nuestra identidad, es lo que somos. Mucha gente dirá que son huesos lo que había allí, pero es parte de nuestra historia, y en cada uno de ellos hay mucha información para conocer la forma de vida y características de nuestros antepasados” añadió Luizar.
Hasta ahora no se ha abierto juicio contra ninguno de los funcionarios que dieron luz verde a la construcción, e incluso el año pasado se generó una gran polémica cuando el Ministerio de Cultura anuló una multa de 4,6 millones de soles (USD 1,26 millones) impuesta a la inmobiliaria a cargo de la obra.
“A día de hoy ya ha prescrito la facultad del Estado para sancionar a los responsables, y corremos el peligro de que también el proceso penal quede en nada”, apuntó Luizar, quien recordó que tienen el apoyo de la población de Cusco.
“Son más de 70 funcionarios los que están siendo investigados, pero la Fiscalía no agiliza el procedimiento”, lamentó la abogada, quien considera improbable que las autoridades regionales del Ministerio de Cultura no estuvieran enteradas desde el inicio del caso, pues tienen una oficina justo enfrente de la obra.
Poder económico
“Es una lucha bien complicada porque es contra un poder económico fuerte, con intereses fuertes por una inversión significativa que se ha hecho, pero por encima de eso hay un derecho que no se puede cuantificar en dinero, que es la identidad cultural. Eso nos mantiene firmes para seguir adelante”, concluyó Luizar.
Por su parte, el abogado Heraclio Zereceda, también miembro de la Comisión de Juristas contra la Corrupción de Cusco, aseguró a EFE que los funcionarios del Ministerio de Cultura “se están cubriendo” unos a otros “porque hay comprometidos muchos y algunos siguen trabajando allí".
Zereceda está dispuesto incluso a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para exigir la demolición de la obra y la restitución de las construcciones incas que existían antes en ese lugar.
De quedar impune, este caso puede ser un peligroso precedente para que Cusco pierda su tradicional entramado y aspecto urbano, que es uno de los principales atractivos como capital turística y cultural de Perú, que anualmente atrae a millones de visitantes.
