Es bien sabido que algunas personas tienen, cierto, más poder que otras y en sus manos tienen la posibilidad de mejorar no solo su vida, sino de una masa mayor, ya sea una zona, barrio, ciudad, instituciones o hasta el país mismo.
Es, nomás, decepcionante ser testigos de que ese poder, en vez de hacer bien, lo usan para el mal, para manejar personas o hasta sistemas a su antojo.
Estamos ante una realidad paraguaya donde, indiscutiblemente, la política es la que decide todo: quién queda, quién asume, quién gana, quién sale, quién gobierna.
Un investigador mexicano en un libro menciona que “el poder fetichizado o corrupto lo podemos distinguir cuando es un poder en busca de metas que no concuerdan con las necesidades de su pueblo, una autoridad que ostenta la fuerza, la violencia o el dominio para cumplir sus objetivos”.
Hace unas semanas, fueron imputados un ex presidente de la República y ex ministros de su época por, supuestamente, filtrar unos datos sensibles de otro ex mandatario, Horacio Cartes, hoy presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien, pese a que ya no está visiblemente al frente del Gobierno, evidentemente sigue estando detrás.
La crítica –hasta hoy– es que esa imputación que surge a raíz de su denuncia fue direccionada directamente por HC o por su abogado. Siguen saltando diligencias que se hicieron en esa causa, aparentemente de manera irregular, como queriendo esconder las actuaciones de los hoy imputados, no dándoles chance de defenderse.
A la larga, podría confirmarse o descartarse si efectivamente usaron o no a una institución de la Justicia a su antojo para vengarse y mandar, hundir a otro.
Si se confirma, se evidenciaría el poder que tienen sobre organismos del Estado y que ese poder no se está usando para hacer el bien, pese a que esa es su visión como partido político, el de hacer un Paraguay mejor. Se confirmaría también que intereses personales mueven más que los intereses ciudadanos.
Hace un poco menos de un mes, también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), integrado, lastimosamente, en su mayoría por políticos, sancionó con el apercibimiento a una fiscala que había imputado, acusado y llevado a juicio a un ex intendente, quien perdió su banca a raíz de la causa.
Los hechos no se probaron en juicio. No quedó evidenciado que existía un chat de Telegram y menos una caja de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción, como decía la acusación. La causa recibió muchas críticas del Tribunal y todos fueron absueltos.
Finalmente, quedó firme esa sentencia, porque la fiscala no apeló la absolución. En el Jurado, el voto de los miembros –políticos– fue mayoría y ella continúa en el cargo.
Y uno se pregunta: si estos miembros hubieran votado como juristas, sin dejarse influenciar por un sector político, ¿hubieran sancionado de la misma manera?
Usar la política para hacer el bien sigue siendo un desafío en todos los ámbitos. Lastimosamente, hoy los temas de discusión siguen siendo los colores de partidos.
Las autoridades que asumen por votaciones o por designaciones tienen “el poder de servir” a otros. Pero, al parecer, se confunden y le quitan a la frase la palabra “servir” y solo luchan por “el poder”, lo cual no descarta que inexorablemente la sociedad acabe resultando perjudicada.
“El poder de hacer el bien es también el poder de hacer el mal”, era una frase con que terminaba un documental que mostraba los entretelones de la política y la economía de un país cercano, pero que se aplica muy bien a cualquier nación.
