“¡Qué poderoso era ese señor!”, comenta la gente en diversos círculos, casi admirando el vigoroso poder que don Lalo ya ejercía mucho antes de convertirse, previo pago, en diputado por Pedro Juan Caballero. Algo que lo logró recién en las Elecciones Generales del 2023, a través del movimiento Fuerza Republicana, liderado entonces por Hugo Velázquez (abdista) y logrado su objetivo, sin ningún empacho, volvió al grupo con el que se sentía cómodo e identificado: Honor Colorado. El hombre nació en Ponta Porã, Brasil, ciudad fronteriza con Pedro Juan Caballero (Paraguay). Su amplia red de conexiones en ambos lados le permitió erigirse en una figura influyente con incursiones en el ámbito deportivo, económico, financiero (fue gerente de Banco Amambay) y gremial al presidir la preponderante Asociación Rural del Paraguay, filial Amambay.
Este papel le catapultó aún más, tanto que los movimientos internos del Partido Colorado disputaban entre sí para ganarse la adhesión de don Lalo. Según lo que revelan los mensajes extraídos de uno de sus teléfonos, no solo compró su banca, sino solventó otras candidaturas de la ANR. Su dominio fue creciendo y a nadie importó que estuviera siendo investigado por actividades vinculadas al narcotráfico, ni que desde el 2018 ya se contaba con informaciones de inteligencia al respecto.
En otras palabras, la doble moral que caracteriza a tantos hombres y mujeres de nuestra sociedad funcionó muy bien hasta que el año pasado don Lalo terminó abatido en un allanamiento de su domicilio, en el marco de un operativo contra el crimen organizado y como parte de una investigación penal por lavado de dinero y otros delitos.
Entonces, sus principales aliados y beneficiarios fingieron amnesia. Entre ellos, fiscales y jueces que ahora niegan haberle pedido que mediara ante el diputado Orlando Arévalo para que los blanquearan en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acceder a un cargo o pedir que trasladen un caso de Asunción a Amambay y así salvar a un narco, por citar algunos chats. Don Lalo había alcanzado el peso político, económico, social que lo convirtieron en el jefe a quien recurrir para resolver todo tipo de problemas o solicitar favores de lo más variopinto. Su autoridad se amplificó y cobró aún mayor respeto de parte de propios y extraños a través de su vinculación con narcotraficantes, a los que no solo protegía y salvaba de ser molestados y juzgados, sino que ayudaba a lavar el dinero que producían sus actividades ilícitas. Es lo que dicen los informes hasta ahora publicados.
Comisarios, jueces, fiscales, intendentes, y cuántas autoridades se les ocurra sospechar recurrieron a don Lalo, lo que revela el poco respeto a la misión que les confía la sociedad y una torcida manera de buscar conseguir las cosas por la vía de los favores políticos, sabiendo que en contrapartida el benefactor obtiene mayor ganancia: Consigue lealtad incondicional, instituciones a su disposición, libre tránsito para los amigos y sus mercaderías; apoyo para que sus turbios negocios fluyan, custodia privada, servicio de campana (avisan cuando va a haber algún procedimiento), y aplicación de la Justicia a medida.
Cuántos otros Lalo Gomes habrá gobernando en la sombra (y no tanto) en cada departamento, operando por encima de las reglas, con la celeridad que ni las instituciones mejores dotadas lo hacen, y con la eficacia de una empresa con certificación ISO 9001. Mientras, en los discursos escuchamos a los políticos pregonar sobre institucionalidad e igualdad ante las leyes.
