El nivel de populismo irresponsable en periodos electorales registró cotas históricas en estos días. La indolencia parlamentaria parió para la historia criolla de la infamia un delirio financiero que saben que es de cumplimiento imposible, pero que no tuvieron empacho en sancionar con tal de cosechar unos cuantos cientos de votos de los incautos que lo creen viable. Los legisladores les convencieron de que por una ley paraguaya los brasileños aceptarán agregarle a la deuda de Itaipú poco más de 940 millones de dólares para repartirlos, en teoría, entre unos 15 mil ex empleados de empresas privadas que trabajaron para la binacional.
Ojalá fuera tan fácil. De ser así, deberíamos dejar de perder el tiempo pretendiendo convencer a nuestros socios de renegociar el tratado que dio cuerpo a la hidroeléctrica y sancionar una ley que nos permita vender nuestros excedentes de energía en su mercado, o equiparar a los precios del mercado la compensación que nos pagan por su cesión. Podríamos incluso obligarles a devolvernos la parte de la deuda que pagamos y que se generó porque ellos compraron por años una energía a un precio que estaba por debajo del costo de producción.
Es más, si alguna ley nuestra pudiera obligarlos a lo que sea, podríamos añadir una reparación histórica por la catástrofe que nos significó la Guerra de la Triple Alianza, una prestación alimentaria por recibir con los brazos abiertos y las tierras disponibles a miles de colonos brasileños y un reconocimiento por convertir a un humilde balneario de Santa Catarina en uno de los municipios más prósperos del Estado.
Lamentablemente, las leyes no son mágicas, no cambian la realidad, no generan recursos de la nada y no pueden obligar a ningún gobierno extranjero a hacer lo que quisiéramos que hagan. Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que los representantes del Brasil en Itaipú acepten cargar a la deuda de la binacional los 940 millones de dólares que los legisladores prometieron a los 15 mil ex empleados, la horda de abogados que vienen haciendo el lobby correspondiente y el malón de honorables que esperan cobrar su comisión, si no lo hicieron por adelantado.
Lo único que podría eventualmente pasar (y eso si resulta absolutamente inaceptable), es que la malhadada ley obligue al estado paraguayo a destinar todos los recursos que recibe de Itaipú en concepto de royalties y compensación por cesión de energía a cubrir este monto, lo que implicaría suspender en los próximos años un número notable de obras públicas, cualquier reparación o construcción de aulas, la merienda escolar, todas las becas estudiantiles, cualquier investigación científica y proceso de innovación en curso y entre el 20 y 80 por ciento del presupuestos de todos los municipios y gobernaciones del país.
Todo este desmadre financiero sería para compensar un beneficio adicional que figura en el código laboral brasileño y no en el nuestro, una bonificación por peligrosidad. Esta figura existe desde hace décadas en la legislación brasileña, por eso las empresas privadas del Brasil que fueron contratadas por Itaipú les pagaron ese beneficio a sus empleados. Como no figura en nuestro marco legal, las empresas privadas paraguayas no les pagaron este adicional al salario a sus empleados.
Son esos ex empleados de las empresas privadas paraguayas quienes exigen que Itaipú les pague ese adicional que en su momento no les pagaron sus contratantes. Y como se trata de cualquier trabajador que haya prestado servicios en alguna empresa que haya trabajado para Itaipú (contratista) o en alguna firma que trabajara para otra que haya sido contratada por la binacional (una subcontratista), hay una legión de abogados, ingenieros, médicos, cocineras, choferes y un largo etcétera de quienes creen tener derecho a cobrar.
La cuestión es si ese pretendido derecho de un beneficio adicional está por encima del derecho del resto de los paraguayos. Es un debate interesante, pero no es del interés de los legisladores que proyectaron y votaron la ley. Ellos solo buscan su reelección. Si para lograrlo tienen que desmadrar el presupuesto público les importa tres cominos. Es simple populismo, puro, duro y miserable.
