La confirmación del veto la dio a conocer el mismo jefe de Estado en medio de un recorrido que realizó ayer en la ciudad de Pilar, donde se trasladó para observar avances de la obra de la futura defensa costera.
El gobernante fue consultado por los periodistas si vetará la polémica ley. Respondió con un gesto mostrando el dedo pulgar hacia arriba, dando por hecho que no acompañará la decisión legislativa y seguirá las sugerencias de los técnicos del Gobierno.
El presidente de la ANDE, Luis Villordo, recomendó al presidente de la República y su equipo jurídico el veto parcial de los artículos 1, 2 y 4 porque genera graves deficiencias y demuestra un desconocimiento de la realidad.
Para los técnicos y especialistas de la ANDE, si se promulga lo sancionado por el Congreso generará un impacto directo de USD 227 millones. Generará un desajuste en el flujo de caja de la ANDE y que se dejará de pagar a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá así como a otros proveedores.
decisión legislativa. La propuesta fue impulsada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
El documento sancionado establece la cancelación de las facturas emitidas por ambas instituciones durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.
En el caso de la ANDE, amplía la línea de exoneración de 500 Kwh a 1.000 Kwh de consumo, aumentando la cantidad de usuarios que serán beneficiados si se promulga el proyecto de ley.
El monto de la factura por el consumo de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 superiores a 1.000 kwh será fraccionado en 18 meses, que será establecido mediante la correcta lectura de los medidores. Desde el Ministerio de Hacienda aclararon que no existen posibilidades para solventar el costo que demandará la cancelación de estas facturas.
Durante los meses en que se declaró la cuarentena, aparecieron una serie de denuncias de sobrefacturaciones del servicio, principalmente de la energía. Muchas empresas se vieron forzadas a cerrar sus negocios por las restricciones impuestas por el Gobierno. Sin embargo, igual recibieron facturas con montos abultados. No se realizaron en ese periodo la lecturas de los medidores y automáticamente fijaron el costo con base en el consumo habitual.
Ante las denuncias, el titular de la ANDE había asegurado que no hubo ninguna irregularidad o sobrefacturación.
Ante la Comisión de Emergía de la Cámara de Diputados, Villordo fue convocado para informar sobre la situación. De acuerdo a los datos oficiales de la ANDE, el 77 por ciento de las facturas emitidas fueron exoneradas del pago con base en lo estipulado en la Ley de Emergencia Sanitaria declarada durante la pandemia.
A esto se suma que alrededor de 40.000 facturas presentaron diferencias que fueron reclamadas por los usuarios, que fueron revisadas y en la mayoría de los casos, son anuladas y refacturadas.
Esta situación generó fuertes críticas por parte de la ciudadanía y el gremio de sindicalistas de Sitrande empezó a movilizarse para exigir la renuncia de Villordo.
“Quisiera llevar la tranquilidad a los usuarios de la ANDE, y aquí nos comprometemos en nombre mío, del equipo técnico y en nombre de la ANDE a solucionar el 100% de los inconvenientes, y hasta que no estén subsanados, nos comprometemos con que no habrá cortes de energía”, prometió Villordo.
227
millones de dólares es el impacto que generará si se promulga la ley que anula facturas de ANDE y Essap.
40.000
facturas presentaron diferencias en los costo que fueron reclamadas por usuarios durante la pandemia.