En muchos casos, estas reformas, políticas y necesidades de financiamiento ya están siendo acordadas en esta misma gestión de gobierno. En agosto último, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó los lineamientos de lo que sería su propuesta de reforma educativa. Esta iniciativa incluye la disminución de brechas de cobertura y mejoras en el aprendizaje, con metas claras, progresivas y realistas.
Para ello estimó las necesidades de financiamiento de la formación docente, infraestructura física y de tecnologías de la información, alimentación escolar y transporte. Desde 2023, el plan requeriría un incremento de alrededor del 40% con respecto a los años anteriores para llegar a una inversión del 4,9% del PIB. El Plan espera llegar al 5,4% del PIB en 2026 y de ahí en adelante se mantiene esta exigencia por alrededor de 10 años. Como se puede ver, la inversión prevista no es superior a los estándares mínimos internacionales ni está dentro de la racionalidad del contexto nacional.
Durante esta semana se viene desarrollando un Foro de Inversiones a instancias del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con la participación de 1.500 empresas internacionales y proyectos de inversión públicos y privados por valor de USD 8.000 millones.
Una inserción internacional de calidad y la posibilidad de atraer inversión extranjera tiene como un determinante fundamental al capital humano, en paralelo a la infraestructura física, servicios públicos eficientes y de calidad y seguridad jurídica.
Estos dos eventos puntuales de las últimas semanas, que ponen la mirada en proyecciones de largo plazo para encaminar al país hacia el desarrollo, no es acompañada con los cambios que requiere la política fiscal.
A las aspiraciones de largo plazo se agregan los cambios necesarios para enfrentar una nueva coyuntura derivada de la persistencia de consecuencias de la pandemia y de la guerra, como es el caso de la inflación de alimentos y energía.
Se esperaría que para el año 2023 se pudieran ver acciones en torno al inicio de la reforma educativa y la concreción de al menos algunos de los proyectos involucrados en el Foro, y que existieran recursos suficientes para mitigar los efectos negativos en la seguridad alimentaria y energética.
Al analizar el Presupuesto se observan pocos cambios al respecto, dejándose el mensaje de que muchos de los avances necesarios y esperados por la ciudadanía son responsabilidad de otros poderes del Estado.
Si bien esto puede ser cierto, no disminuye la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la gestión del diálogo necesario entre los tres poderes del Estado y otros actores sociales y políticos para lograr los objetivos.
Si no es capaz de liderar el proceso de negociación para generar las transformaciones en la política fiscal que desde este mismo Poder necesitan para financiar los planes que proponen, estamos ante discursos y eventos vacíos de voluntad política. Al final, solo quedarán papeles y fotos.
El Presupuesto público es el instrumento que permite ejecutar los planes y las políticas y generar los incentivos que exige el cumplimiento de los objetivos nacionales. La política fiscal no puede estar desvinculada de las demás políticas, porque de otro modo se estaría mintiendo a la ciudadanía. Las propuestas de reforma en cualquier ámbito de la política pública deben ser acompañadas por el Presupuesto público.