11:15-15/01/07
La ex mandataria, de 75 años, que reside en España desde 1981, está recluida desde el viernes en su residencia de Madrid, con libertad provisional dispuesta por la justicia española. Aguarda el inicio del juicio de extradición, solicitado por el juez federal de Mendoza, Raúl Acosta, por supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno.
En declaraciones a una radio local, Strassera calificó de ''un mamarracho’’ y ''un disparate’’ el pedido del juez Acosta, fundado en decretos emitidos por el gobierno de la señora de Perón, autorizando a las fuerzas armadas a reprimir la acción de grupos guerrilleros. En virtud de esos decretos, un joven de Mendoza fue secuestrado y ''desaparecido’’, pocas semanas antes del golpe militar que derrocó y encarceló a la viuda del ex presidente Juan D. Perón el 24 de marzo de 1976.
''En el juicio a las Juntas Militares se dijo claramente que los decretos que firmó la ex presidenta no decían ‘aniquilar la subversión’, sino ‘aniquilar el accionar de la subversión’. Esos decretos fueron totalmente legítimos’’, dijo Strassera.
El ex fiscal, cuyo histórico alegato llevó a la condena perpetua del ex general Jorge Videla y del ex almirante Emilio Massera, dos de los tres componentes de la Junta Militar instaurada en 1976, sostuvo que tampoco tiene fundamento responsabilizar a Isabel Perón por la acción de la organización ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que actuó durante su gobierno.
El juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los crímenes cometidos por la Triple A, responsabilizada por unos 1.600 asesinatos de peronistas de izquierda y marxistas, declaró a la prensa el lunes que todavía no decidió si también pedirá la extradición de Isabel Perón, aunque no lo descartó. Admitió que ''hay alguna declaración testimonial que menciona la posibilidad’’ de que los asesinatos de la Triple A hubiesen sido discutidos en reuniones de gabinete presididas por Isabel.
La Triple A fue organizada por el difunto José López Rega, quien fue ministro de bienestar social de la señora de Perón, su secretario privado y la figura más gravitante de aquel gobierno.
Atilio Neira, uno de los abogados de la ex presidenta, declaró el lunes a la prensa que ''Isabel desconocía los contactos de su gobierno con la Triple A, ya que no contaba con información propia’’.