Una de esas barreras es la informalidad laboral. A nivel regional, los datos nos muestran que aproximadamente 150 millones de personas trabajan fuera del sistema de protección social y, a nivel nacional, más de la mitad de las personas se encuentra en esta situación, afectando principalmente a las mujeres y los jóvenes.
En este contexto, resulta interesante mostrar las contribuciones del Programa Hambre Cero a la formalización y la inclusión de trabajadores en la Seguridad Social. Si bien el Programa tiene como principal foco de acción la alimentación y la retención escolar de los niños, también está generando un impacto significativo en la creación de empleos formales y en desarrollo económico territorial.
El plan de alimentación escolar comenzó a funcionar en agosto del 2024 bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social comenzó a tomar protagonismo activo desde el inicio del periodo escolar 2025, realizando verificaciones de las condiciones laborales de los trabajadores en las instituciones educativas y analizando la inclusión de los trabajadores en el IPS. En un inicio había 5.694 trabajadores registrados.
En la tarea de verificación, durante poco más de un mes, se entrevistaron a cerca de 1.000 trabajadores, abarcando el 25% de las escuelas de las empresas adjudicadas por el MDS. Con el inicio de los controles, la cantidad de trabajadores formalizados fue creciendo de manera significativa, aumentando en la primera semana de control un 23% de los que acceden a la seguridad social; en la segunda semana, 91,6%; en la tercera semana, un 156%; y en la última semana, un 200% sobre la cantidad inicial de trabajadores registrados.
Es así como la política de Hambre Cero en las escuelas está dando empleo formal a 17.131 personas, de las cuales el 94% son mujeres y en su gran mayoría, madres, tías, abuelas, hermanas y sobrinas de los niños, que viven los distritos aledaños a las escuelas y que hoy –aparte de cuidar a los niños en su alimentación– tienen un empleo formal y un ingreso dentro de sus hogares.
Esto nos muestra que las políticas estatales bien diseñadas pueden tener no solo impacto directo en su objetivo principal, sino que los efectos que produce se derraman sobre otros aspectos de la calidad de vida de la gente y que la voluntad política del irrestricto cumplimiento del trabajo decente y seguro social es esencial para alcanzar nuestra meta de inclusión social.
