Días atrás, ya como director de la DNCP (asumió el 1 de octubre de 2018), Seitz inició la investigación de oficio por este hecho, considerando que el Ministerio del Interior ya abonó USD 7,2 millones al consorcio para hacer los trabajos, pero nada ha mejorado en Identificaciones.
Consultado al respecto, Seitz explicó que efectivamente fue el abogado del consorcio que perdió el concurso, pero aclaró que la presente investigación inició a raíz de una denuncia anónima. Por tal motivo, ya no emitirá opiniones por este caso y aclaró que él se apartó del proceso. Adelantó que se va a inhibir una vez que se tenga que firmar la resolución final. Explicó que para abrir los casos de investigación no es necesario inhibirse, pero sí para tomar la determinación final.
“Fui abogado de la parte que perdió esa licitación, entonces no quiero que la decisión de la DNCP se contamine con eso. Si sale alguna deficiencia de cumplimiento, no quiero que digan que estoy actuando por parte del sector molesto. Entonces, prefiero no tener participación activa y va a suscribir siempre la persona que quede encargada de despacho, puede ser la directora de Gabinete o la directora jurídica”, detalló.
Seitz había representado al consorcio Identidad Aumentada Paraguay (IDAP), integrado por las firmas extranjeras Safran Identity y Oberthur; y la paraguaya Winner. La denuncia de este oferente llegó al Tribunal de Cuentas y la acción sigue sin tener una resolución, aunque ya Seitz dejó de ser el abogado del consorcio.
SIN AVANCES. El Ministerio del Interior adjudicó la obra al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay por G. 163.443 millones (USD 25,7 millones al cambio actual), y la firma debía mejorar toda la infraestructura a los diferentes puestos de Identificaciones (dispositivo de captura de huellas, impresoras, software, señalización, readecuación del edificio, entre otros), lo cual no ocurrió hasta hoy.
Interior justifica la adjudicación y los pagos anticipados al consorcio
La Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, a cargo de Medes Justo Mendoza Vega, informó que los pagos realizados corresponden al monto del anticipo del 20% y que el plazo del contrato es por cuatro años, por lo que la empresa aún tiene tiempo de proveer los ítems que faltan.
Mendoza Vega admitió que existen retrasos en la provisión de algunos insumos, por lo que multarán al consorcio CDE. Sin embargo, pese al incumplimiento, afirmó que realizarán más desembolsos.
Añadió que existen garantías para recuperar los montos pagados en caso de incumplimiento, aunque no detalló el procedimiento.
Vale recordar que, en el 2017, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó la cancelación de esta licitación por el supuesto direccionamiento, pero el Ministerio del Interior desoyó las recomendaciones del ente contralor.