La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el lunes el proyecto de privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro.
La aprobación se dio por 258 votos a favor y 136 en contra, tras un duro debate en el cual los opositores advirtieron del riesgo de aumento de la cuenta de la luz y de amenazas para la “soberanía nacional” si el estado cedía el control de la empresa que abastece casi el tercio del suministro eléctrico del país.
PODER DE VETO. La privatización se realizará mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de que la participación estatal en el capital de Eletrobras caiga del 51,8% al 45%. El estado conservará pese a todo un poder de veto (‘golden share’) en decisiones estratégicas.
Tras la aprobación en curso de una serie de enmiendas, el texto podrá ser promulgado por Bolsonaro. La ampliación de capital se realizará a inicios de 2022, con la expectativa de captar hasta 60.000 millones de reales (11.800 millones de dólares), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas de la empresa. El resto se destinaría a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.
ITAIPÚ. Previamente, el grupo Eletrobras deberá desprenderse de la represa de Itaipú y de las plantas nucleares de Eletronuclear, que por determinación constitucional son de gestión estatal.
El actual proceso de privatización se inició mediante una ordenanza (medida provisoria) del 23 de febrero, con validez máxima de cuatro meses, que vencía hoy. Si no se hubiera aprobado, perdía vigencia y no se hubiese podido relanzar antes de 2022, un año electoral.
Para Bolsonaro, “sin la privatización, el sistema energético de Brasil acabará en un caos”.
El ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, asegura por su lado que la operación permitirá reducir la factura de electricidad de los hogares y las empresas hasta en un 7,4%.
Las acciones ordinarias de Eletrobras en la Bolsa de Sao Paulo, que subieron más de 5% el viernes (tras la aprobación de la ordenanza en el Senado) ganaron este lunes un 2,21% adicional. Desde inicios de año, con la consolidación de la perspectiva de privatización, se valorizaron más de 40%.
La aprobación se dio en un marco de tensión en el abastecimiento de electricidad debido a la sequía, en un país cuya matriz energética está constituida en un 85% por plantas hidroeléctricas. Eletrobras es poseedora de una cincuentena de ellas.
Aunque la firma arrojó beneficios en los últimos años, los partidarios de la privatización aducen que carece de medios financieros para mantenerse competitiva.
“La capitalización es fundamental para que la empresa recupere su capacidad de invertir”, dijo la semana pasada su presidente, Rodrigo Limp.
Para Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), la privatización permitirá a Eletrobras contar con recursos para “revitalizar las cuencas hidrográficas”, a fin de enfrentar el cambio climático.
Un centenar de privatizaciones
El Gobierno brasileño espera realizar un centenar de privatizaciones y avanzar con las reformas fiscal y de la administración, para reducir el costo de la maquinaria pública. Recientemente, realizó jugosas concesiones de una veintena de aeropuertos y puertos y de la compañía de tratamiento de aguas de Río de Janeiro. Pero los analistas estiman que deberá revisar muy a la baja esas ambiciones, debido a los retrasos provocados por la pandemia de coronavirus y la cercanía de las elecciones generales.
