Serafín Escobar (77), líder indígena, mira hacia el otro lado del río Paraguay en un recorrido diario por la costa. Apunta con el dedo a una propiedad en la ribera. “Allá hay muchos postes para hacer casas y palma para artesanía, pero no podemos entrar. Hay guardias. Los extranjeros usan nuestra comodidad, ocupan nuestras tierras y echan nuestro oxígeno, el bosque”.
Lo que Serafín denomina “allá” es Puerto Ramos, un lugar que reclama el pueblo indígena de los Ishir, pero que el Estado tituló, en 1962, a nombre de un ganadero, según el registro del entonces Instituto de Reforma Agraria. En torno a esta tierra hubo varias transferencias hasta quedar en manos de un empresario turco.
Esto es solo un fragmento de la pérdida de territorio de los Ishir Ybytoso, también conocidos como chamacocos. El pueblo se distribuye en varios puertos, en Alto Paraguay, área del Gran Pantanal, uno de los mayores humedales del mundo, a más de 800 kilómetros de Asunción.
La comunidad indígena también denuncia que otra parte de sus tierras está ocupada por un ganadero. Solicitan además una mensura judicial para definir si invadieron el territorio ancestral con la apertura de un camino hecho por propietarios de una estancia colindante, y la necesidad de titulación de dos inmuebles. Estos son los principales problemas en cuatro de los seis puertos en los que habitan en Bahía Negra (ver infografía).
Los Ishir poseían aproximadamente 3.460.000 hectáreas, desde Bahía Negra hasta Fuerte Olimpo, donde también hay reclamo de territorio. Esto indica el trazado hecho por el antropólogo y militar ruso Juan Belaieff, en 1932, según el registro de la organización Tierra Viva. En la actualidad la extensión es de solo alrededor de 46.931 hectáreas. La pérdida es cerca del 99% del territorio.
“Hoy el indígena ya no tiene libertad de desplazarse en su propio bosque para buscar miel de abeja o animales silvestres. Se encuentra con alambrados y un cartel que dice propiedad privada”, lamenta Andrés Ozuna, secretario de la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (Uciny). Esta organización reivindica desde hace 17 años los derechos de su pueblo.
De tener una economía basada en la caza, recolección y horticultura es negativo que ahora el territorio esté reducido, porque las posibilidades de provisión disminuyen enormemente, considera el antropólogo Rodrigo Villagra. Para que el aprovechamiento de la flora y fauna sea sustentable y sostenible –refiere– la dispersión de estos recursos debe ser en una superficie amplia, como originalmente lo era.
Todo esto ocurre pese a que la Constitución Nacional (CN) de Paraguay y el Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley 904/81) establecen la protección de las tierras ancestrales. “Serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo”, reza parte del artículo 64, Capítulo V, de la CN.
Puerto Diana: Un incierto sendero
El sol cae vertical en el Chaco, es mediodía del mes de setiembre. Roberto Franco, líder indígena en Puerto Diana, se dirige hacia un nuevo camino. La tierra está seca, resquebrajada; crispa al entrar en contacto con el calzado color marrón de Roberto, atestigua que hace tiempo por allí no cae lluvia. En ambos costados del trayecto hay vegetación removida.
Ya son más de dos años que en este puerto reclaman una mensura judicial para confirmar si la apertura del trayecto, hecha por propietarios de la estancia colindante, atraviesa por el territorio ancestral.
“Aquí había mojones que nuestros abuelos fijaron. Son trozos de madera de quebracho que colocaron cada 500 metros para saber nuestro límite. Todo eso desapareció cuando se abrió el camino y por eso sabemos que está en nuestro territorio”, señala Roberto.
Al respecto, Blanca Benítez, hija del dueño –ya fallecido–, asegura que su familia cuenta con todos los documentos para demostrar que la intervención no fue en la comunidad de los indígenas. “Lo que se hizo fue una limpieza en el tramo, pero no afecta al territorio de los indígenas. Para tranquilidad de todos, es necesario que de una vez el Estado promueva la mensura judicial y comprobar que no hubo tal atropello como denuncian”.
La comunidad indígena realizó manifestaciones. Recurrió a la Municipalidad de Bahía Negra, a la Gobernación de Alto Paraguay, al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Solo representantes de la Fiscalía se constituyeron, pero hasta ahora en el lugar todo sigue igual.
Los trámites en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) estuvieron estancados en octubre pasado, tras el cambio de autoridades por denuncias de falta de capacidad para la gestión y supuesta malversación de fondos, respectivamente.
En el Indert, en principio, se negaron a dar informaciones, desde los primeros días de octubre. Argumentaban estar en pleno corte administrativo.
Ping pong. En las últimas semanas la Dirección General de Género del Indert solicitó canalizar el pedido de información a través de la Presidencia del ente. Esta, a su vez, trasladó la responsabilidad al Departamento de Asesoría Jurídica y en esta dependencia pidieron que se hable con la Dirección de Género.
En el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) afirman no tener conocimiento de este hecho concreto.
“Para abrir este camino no hubo una consulta previa con la comunidad”, cuestiona el secretario de Uciny.
Las comunidades indígenas del país lograron, después de nueve años de trabajo, que el Poder Ejecutivo promulgue el Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los Pueblos Indígenas que habitan en el Paraguay, en 2018. Esto permite tener una participación en cualquier ley o proyecto de empresas públicas o privadas que pueda afectar a sus tierras.
Puerto Ramos y Puerto Pollo: Separados no solo por el río, sino también por documentos
Marcial Pérez (74), poblador de Puerto Pollo, trae un poste de karanda’y sobre los hombros desde las entrañas de la cobertura boscosa ubicada detrás de su morada. A medida que se acerca a la casa su paso es más lento, las manos y rostro sudan, parece querer tirar el peso que trae consigo. El hombre se encuentra en plena faena para armar un cerco donde albergar a los animales domésticos, chanchos y gallinas. Necesita más insumo –comenta– para ampliar la vivienda. Pero para eso debe buscar otro lugar y así alternar el uso de los recursos en el sitio.
“Si queremos traer postes de otro lado tenemos que pagar flete, porque es lejos (el cobro mínimo en la zona es de G. 100.000). Si tuviéramos acceso en Puerto Ramos nos iríamos en nuestra propia canoa, sin gastar nada”. A ambos puertos no solo los divide el río, también documentos de titulación.
En 1962 el entonces Instituto de Reforma Agraria, actual Indert, tituló la propiedad de 8.500 hectáreas a nombre de Alfredo Balbiani. “Pero ya mi bisabuelo, Juan Balbiani, compró antes. Allí llegó un 16 de abril de 1905, era Domingo de Ramos, por eso lo bautizó como Puerto Ramos, comentan en mi familia”, relata Alberto Zaballa Balbiani, nieto del ex propietario.
Cuando los herederos de Balbiani ponen a la venta este inmueble, la Uciny solicita al Indi que compre estas tierras para recuperar el bien ancestral. La respuesta es que no hay presupuesto, recuerda Ozuna.
Entre 2010 y 2011, una firma uruguaya adquiere la propiedad. Poco tiempo después vuelve a ponerla en venta. El comprador esta vez es de nacionalidad turca, Mustafa Arpaci, conocido en la capital en el negocio gastronómico.
En 2015, el inversor extranjero, bajo su firma Paraverde SRL, obtiene una licencia ambiental para desmontar 3.230 hectáreas, 38% de la superficie, según el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta autorización es otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que en ese entonces tenía el rango de secretaría.
Tras movilizaciones del pueblo indígena y presiones al Indi, la Justicia decretó la prohibición de innovar de hecho y de derecho sobre el inmueble individualizado como Matrícula R02-189, Padrón 587, en setiembre del 2016. Esta resolución fue apelada por Paraverde SRL. Finalmente, en julio de 2019, el Tribunal de Apelaciones de la Capital resuelve declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto por la empresa.
Aún la conquista no es completa, según Andrés. Hasta que el Estado no ejecute la expropiación no estarán tranquilos, indica. “Hay guardias armados. Cuando el turco sabe que su encargado permite que se ingrese, para sacar por lo menos hojas para hacer la artesanía, cambia de empleado”.
Última Hora intentó tener la versión de Mustafa Arpaci, pero sus conocidos del rubro gastronómico aseguraron que cerró el restaurante que tenía en Asunción y no volvieron a saber de él. Una funcionaria de la Embajada de Turquía también alegó no lograr contactar con el empresario.
Valor espiritual
Puerto Ramos es para los indígenas tierra sagrada. Allí nace el mítico riacho Eshma, que significa abundancia. La vasta biodiversidad permite encontrar alimentos en todo tiempo. Es el paraíso para la pesca. Cuando el Pantanal entra en la cíclica sequía, aquí no hay bajante. “Hay abundancia de peces, carpinchos, yacarés”, relata Andrés. En esta área –comenta– también los ancianos realizaban el rito conocido como disciplina del bosque; los mayores trasmiten conocimientos de la naturaleza a los chicos que entran en la adolescencia.
En Puerto Pollo sucede algo similar, en cuanto a reclamo de territorio, con la diferencia de que allí ocho familias volvieron a habitar el suelo con vista al inmenso cauce.
Pero el inmueble que ocupan figura a nombre de Blas Roque Gadea y su apoderado es Joao Vieira de Medeiros Neto, según el Relatorio de Impacto Ambiental presentado ante el Mades.
“Cuando los Ishir, como parte de su estrategia de reivindicación territorial, hicieron notar al Indert que la tierra de Puerto Pollo era fiscal, se puso en marcha una maniobra fraudulenta para adjudicar dicha propiedad a un tercero de nombre Roque Blas Gadea y pasó luego a manos de un brasileño de nombre Joao Vieira de Medeiros Neto”, relata el antropólogo Marcos Glauser, quien realiza trabajos de investigación sobre este pueblo.
La compra se concretó en 2006, mientras que el pedido de titulación de Puerto Pollo, por parte de la Uciny, data de 2003, según Ozuna.
Para reclamar esta propiedad, la comunidad realizó varias manifestaciones, tanto por la venta del lugar como cuando estaba en gestión la licencia ambiental. “Logramos que el brasileño salga de allí, pero en los papeles todavía figura como propietario”
Hay dos juicios en el fuero Civil en trámite desde 2017 y otro desestimado por resolución de solicitud de medidas cautelares que será replanteado en el juicio citado, indica la abogada Cinthia Rolón, del Indi, quien está a cargo de las gestiones.
“Uno de los factores negativos del sistema judicial al que acude la institución para realizar los trámites de restitución territorial es el desconocimiento del catálogo de las leyes que amparan a las comunidades indígenas”, asegura.
“Estamos acá, pero debemos estar en alerta para que no nos quiten”, señala Marcial.
Puerto Esperanza: Dos décadas de reclamo
Hilario Bernal, quien afirma ser líder de Puerto Esperanza, despliega un viejo plano, amarillo y roto en algunos extremos. Apunta su curtido dedo hacia uno de los ángulos para señalar, con voz pausada, que de las más de 21.000 hectáreas, supuestamente unas 2.700 están ocupadas por un brasileño.
En el área señalada está asentada la estancia El Dorado. En el sitio se verificó el desmonte de 2.000 hectáreas sin contar con licencia para el cambio de uso de suelo, según publicaciones del Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), tras una intervención hecha en enero de este año. Sin embargo, pasaron 10 meses y hasta ahora no hay sanción. La propiedad figura a nombre del ganadero de nacionalidad brasileña Pablo Enrique César Medeiros.
“Allí hay árboles muy importantes como palo santo y quebracho blanco, palo de rosas, algarrobo. De ese lugar traíamos madera para hacer nuestras casas, canoas y comederos para animales. Tenemos otros lugares para la provisión, pero las opciones ya son pocas para alternar el uso del monte”, resalta Hilario mientras intenta que el tono de su voz se imponga al sonido de la bandada de loritos que parlotea en uno de los árboles de su vivienda.
Mensura
Los análisis de documentos presentados por la comunidad y por el brasileño continúan, manifiesta el fiscal de la zona, Rafael Pizzani. En noviembre de 2018 el ganadero brasileño presentó una mensura judicial y los títulos de una superficie total de 1.376 hectáreas, según el informe fiscal. En abril de este año, Medeiros solicita una inspección ocular. En el mes de junio la comitiva fiscal realiza el recorrido en la estancia. En el mismo documento figura que el Ministerio Público notifica, el 22 de octubre, a representantes de la comunidad y a Medeiros para una convocatoria el 31 de octubre, en la estancia El Dorado. Pero –describe– cuando el fiscal y los miembros de la comunidad se trasladaron para el sitio, no pudieron ingresar al establecimiento por el portón llaveado.
“Se hará llegar al Juzgado la solicitud de la mensura que solicita la comunidad para determinar si existe o no una invasión”, afirma Pizzani.
La abogada del Indi, a su turno, asegura que en julio de 2019 remitieron los expedientes a la Dirección Jurídica y solicitó el parecer de la entonces presidenta del ente, Ana María Allen, para los trámites de mensura. Las gestiones no pueden avanzar además –se excusa- porque hay problemas internos de liderazgo en dicha comunidad.
“No otra cosa buscan los hijos de la selva, cuando la contienda del Chaco trajo un brusco cambio en su vida, tranquila y feliz hasta entonces. Unos tras otros vienen sus representantes para reiterar sus gestiones de seguridad de vida y de su familia, para implorar que se los deje aunque sea una mínima parte de las tierras donde nacían y vivían por generaciones sus antepasados, para invocar la firme protección de la ley contra violación”, expresaba ya en 1942 el militar ruso Juan Belaieff en su libro Los indios del Chaco paraguayo y su tierra.
Es así que cada uno de los cuatro puertos en Bahía Negra presenta un particular proceso judicial, pero a nivel general el problema es el mismo: “Un avasallamiento a la propiedad indígena”, en palabras de Andrés. Los reclamos de tierras indígenas, a través de procesos judiciales, a nivel país en general, están empantanados. Tropiezan con el sistema burocrático, la falta de descentralización para los trámites y el incumplimiento de normativas que amparan a las comunidades indígenas.
“El bosque es nuestro supermercado, nuestro oxígeno”, vuelve a graficar Serafín, quien después de contemplar por un determinado tiempo Puerto Ramos, da media vuelta y se aleja de la costa del río. Camina lento hacia su vivienda hecha de karanda’y. Piensa tomar un descanso. Luego partirá hacia el monte en busca de algún animal silvestre para el consumo de mañana. Allí afirma sentirse libre. O al menos eso espera, de no encontrarse con la sorpresa de otro alambrado o cartel que diga “propiedad privada”.
