La ausencia de Estado en varias zonas del país hace que aparezcan en escena inescrupulosos que arrasan con las riquezas naturales y las utilizan para su propio provecho, sin seguir las normativas ambientales existentes.
Como no hay autoridad que exija el respeto al ambiente y el derecho de las personas, se atropella la naturaleza, se perjudica a la gente y se causan daños muchas veces irreparables.
El caso del desvío de las aguas del río Tebicuary entre Yuty - departamento de Caazapá- y Santa Catalina - departamento de Misiones- , en un tramo de 270 kilómetros, por parte de arroceros que han instalado bombas para irrigar sus plantaciones, es grave y refleja el abandono en el que se encuentra la ciudadanía por parte de quienes deben defender sus intereses.
En el Paraguay, la agresión a la naturaleza - sin tener en cuenta sus consecuencias sobre el entorno- es permanente. Lo que ocurre con el cauce hídrico que recorre vastas zonas de la Región Oriental es solo una muestra de la acción de los agresores del ecosistema y la evidencia de que la Secretaría del Ambiente (Seam) es, en muchos casos, un órgano decorativo y meramente mediático del sector público. Si hubiese sido eficaz, hace rato hubiera intervenido.
La Ley 3.239/07 de los Recursos Hídricos establece que “su uso solo podrá otorgarse mediante un permiso o concesión”. Los que llevan agua hacia sus campos de arroz - salvo escasas excepciones- no tienen la licencia correspondiente para hacerlo. Claro está que esa habilitación se hace de acuerdo a las disposiciones ambientales establecidas para el caso, preservando los intereses de la mayoría.
El desvío del curso de agua trae como consecuencia que mientras unos pocos se benefician regando las 400 mil hectáreas de cultivo que poseen entre todos en la zona, la mayoría queda al margen de las posibilidades ofrecidas por el Tebicuary. Con la navegabilidad anulada en grandes trechos, con peces muertos o la sensible disminución de la comunidad ictícola, la colmatación de la base de circulación e incluso el desvío, el perjuicio es incuantificable.
La nula o muy escasa conciencia de que los recursos naturales son de todos y que su uso está reglado para preservar los intereses colectivos, hace que los transgresores tengan vía libre. Si a ello se agrega que la Seam o los fiscales no actúan por desconocimiento o complicidad, se completa el panorama de la indefensión.
La denuncia del caso que hizo el diputado Hugo César Capurro ante la Fiscalía de San Juan Bautista de las Misiones es muy oportuna. Permite visualizar un grave problema, tomar conciencia y desenmascarar a los usurpadores de las aguas del Tebicuary. Es de esperar que la ley sea implacable con los depredadores.
