Demanda que Cancillería diga algo al respecto, no solo, porque a todas luces se trata de tráfico de influencia y clientelismo político, tremendamente injusto por donde se lo mire, porque en la práctica es otorgar el privilegio de servir al país a una persona no preparada para esa tarea, y encima, en detrimento de otros jóvenes que sí se esforzaron y esfuerzan para hacer la carrera diplomática, la cual exige formación continua para ser calificados periódicamente, ir ascendiendo en el escalafón profesional, y acceder a los cargos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o en los destinos dentro de la red de representaciones diplomáticas y consulares del país.
Pero no ha habido explicaciones. Seguramente, porque no hay forma de justificarlo razonablemente, o porque las autoridades del Gobierno consideran que no tienen por qué hacerlo, lo que parece ser la impronta que marca la actual administración del Estado. Como si los mandantes no tuvieran derecho a conocer cómo se administran los recursos e instituciones del Estado.
Como ciudadanos aguardamos vanamente estos días que las autoridades que administran el servicio exterior ofrezcan alguna explicación. Como periodistas, también solicitamos que alguien expresa algo, pero no hubo retorno. Aunque solo fuera para que manifiesten sus interpretaciones antojadizas de la Ley del Servicio Diplomático y Consular, Administrativo y Técnico (Ley Nº 6935/22) y de la Ley de la Función Pública y defender que el Ejecutivo puede realizar nombramientos por cupo político.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores sobran funcionarios diplomáticos, administrativos y técnicos escalafonados que anhelan acceder a algún puesto en el exterior y que se hallan ampliamente familiarizados con el mundo diplomático, que bien podrían cumplir funciones en los consulados, embajadas, y misiones permanentes.
La Cancillería coloca como un gran logro en el proceso para la profesionalización de sus cuadros de funcionarios el llamado a concurso público de oposición y mérito para el ingreso a la carrera diplomático y los concursos internos que ha convocado para el ingreso al escalafón administrativo y técnico. Por lo que el caso Esgaib y de tantos otros contratados que ingresan vía favores políticos o premio a los aliados de turno, representan una gran incoherencia.
Transparentar y rendir cuentas sobre estos temas, a juzgar por los hechos, no se traducen en un ejercicio natural, por lo visto. No parece algo connatural a la administración del Estado, como tampoco parece, al menos en los últimos tiempos, la búsqueda del diálogo social. Hay, por un lado, una urgencia de producir cambios, a como dé lugar, pero, por otro lado, se sigue propiciando viejas prácticas que desvirtúan las instituciones, como el utilizar el servicio exterior para beneficio de los hijos de políticos, legisladores o socios circunstanciales del poder, etc.
Esta postura de dejar pasar los temas, solo acrecienta la sensación de que nada cambia, y aumenta la desconfianza. A qué funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores no indignaría el caso Esgaib. Y a qué padre de familia no le provocaría también desazón el constatar cómo siguen usando tan impunemente las instituciones del Estado para privilegiar a los “hijitos de...” acaparando cargos a los que deberían acceder por mérito propio los calificados para tales puestos.
Es lamentable el silencio oficial, el negarse a dar explicaciones y el pretender vender una imagen que no corresponde con la realidad. Y así, en vez de hablar de importantes temas de política exterior, hablamos de las pequeñeces tan vigentes de la política interior.
