23 dic. 2024

El sistema falla al no proteger a las mujeres de la violencia

El año que pasó no solamente dejó una elevada cifra de casos de feminicidio y el doble de niños y niñas que han quedado huérfanos como consecuencia directa, sino que además, en los primeros segundos de este 2024 en un terrible episodio otra mujer murió en un hecho de feminicidio que pudo haber sido evitado. Es otro típico caso en el que las instituciones le fallaron a la víctima. Si las instituciones del Estado no logran alcanzar mayor eficiencia, seguiremos lamentando las muertes de mujeres por la violencia machista.

Una amiga de Alba, la mujer que murió en lo que sería el primer caso de feminicidio del 2024, relató en una entrevista radial que había grabado un video, hace apenas 15 días, en el que se la veía pidiendo ayuda mientras que su pareja, Aníbal Espínola, de 62 años, intentaba impedir que hable. .

“Era su pareja, ella vive en el fondo de mi casa. Él venía, le pegaba y la maltrataba está llena de golpes y siempre nos gritaba”. El último día del año, Espínola llamó a Alba, luego la golpeó cerca de una caseta policial y la llevó hasta su domicilio donde fue encontrada sin signos de vida. De acuerdo con el testimonio, la policía tenía conocimiento de la situación. Alba sería la primera víctima de feminicidio del 2024 y deja a dos hijas huérfanas.

Además de tener que lamentar la muerte de una madre se debe señalar que el victimario tiene antecedentes por violencia familiar en 2007, y había sido detenido por esta causa hace uno o dos meses en la misma Comisaría de Villa Elisa, y aunque en aquella ocasión quedó a disposición del Ministerio Público fue nuevamente liberado.

Este caso es por tanto una clara muestra de nuestra principal debilidad como Estado: No pueden evitar que sigan ocurriendo feminicidios.

¿Cómo es posible que una persona que tenía antecedentes, que ya había sido detenida e incluso con la intervención de la Fiscalía haya tenido la libertad para cometer el delito? Esto nos habla de la incapacidad de algunas instituciones de evitar estas situaciones de violencia, y esta negligencia o falta de interés o de compromiso son inaceptables.

Los datos del 2023 son preocupantes. El observatorio del Ministerio de la Mujer reportaba un total de 45 feminicidios en el país hasta el 29 de diciembre, así como también los casos de cinco paraguayas que fueron víctimas en el exterior. Los datos suponen que hubo, en promedio una víctima de feminicidio cada 8 días a lo largo del año.

Otra de las aristas que debe considerar las autoridades y funcionarios es que como consecuencia de los crímenes contra mujeres siempre quedan huérfanos. En el año 2023 quedaron en situación de orfandad 88 niñas y niños, quienes, sin duda, son víctimas colaterales o secundarias.

Se podría decir que nos encontramos ante una verdadera epidemia. Basta con observar los datos proveídos por el Ministerio Público que señalan que las denuncias por violencia familiar han tenido un aumento de un 200% en el periodo de los últimos nueve años. Vale decir que, de 10.164 víctimas registradas hace nueve años se pasó a 31.701 el pasado 2023.

Nuestro país cuenta desde fines del 2016 con la Ley N° 5.777 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia, una normativa que contempla 15 tipos de violencia por razones de género y tipifica el feminicidio. Sin embargo, pese a todo, la violencia familiar sigue siendo el segundo hecho punible más denunciado, superado apenas por los casos de robo agravado.

Esto significa evidentemente que se deben redoblar los esfuerzos, pues con la ley no basta.

Para luchar con más efectividad en contra de la violencia machista, para que ninguna otra mujer muera en manos de un violento que se considera impune, la sociedad entera debe comprometerse apoyando a las mujeres que viven dentro de un círculo de violencia del cual es muy difícil salir.

Las instituciones deben instar a realizar las denuncias en los casos de violencia, pero la comunidad también debe comprometerse y ejercer presión sobre las instituciones y sobre los funcionarios para que sean más eficientes, puesto que debemos hacer realidad el anhelo de que todos podamos ejercer nuestro derecho a vivir en una sociedad sin violencia.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.