Un alivio parecido al que tuvo la concejala colorada de Lambaré, Carolina González, cuando a mediados de 2023, leyó en la prensa que “miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) construye lujosa casa”. Ella misma cuenta que lo primero que pasó por su mente es que se trataba de la suya, la de ella. “Había sido este Hernán Rivas se está construyendo también acá en el Yacht”, le comentó, entre risas, a su arquitecta.
Esto lo supimos gracias a unos audios filtrados en estos días que pusieron a su “glamorosa” residencia en la tapa de los diarios. Hay alivios de vida media corta. Hoy nadie recuerda la casa de Hernán Rivas y todos hablan del inodoro inteligente de doña Carolina.
Su esposo, Orlando Arévalo, habrá comenzado este 2025 con la expectativa de disfrutar en esa casa del descanso que merecía. Venía de un año pesado en el que había tenido que afrontar los indicios de que no es abogado; explicar por qué nombró a su yerno como funcionario permanente de la Cámara de Diputados y justificar ante la Contraloría General el surrealista aumento de su patrimonio.
Pero la realidad fue distinta a la expectativa. Las conversaciones de Orlando con don Lalo saltaron del teléfono a los noticieros de televisión convirtiendo al 2025 en un annus terribilis . El año del fin de su carrera política.
Los chats de don Lalo tienen efectos catastróficos en la vida de varios personajes que creían ya habían zafado de lo peor. Pocos recordaban a la fiscala Katia Uemura, cuyo esposo de entonces, Daniel Montenegro, fue detenido en 2023, durante el allanamiento de su imponente vivienda, en el marco del operativo Pavo Real.
Uemura estaba involucrada en la cuestionada libertad de dos narcotraficantes aprehendidos con cincuenta kilos de cocaína. Fue suspendida en sus funciones, pero luego el JEM le permitió seguir como fiscal. Ahora que saltaron sus comprometedores diálogos con don Lalo es muy posible que algo cambie.
La fiscala Stella Mary Cano había quedado en evidencia como una gran manipuladora en el sucio entramado político-judicial que terminó con la renuncia del intendente de Asunción Mario Ferreiro. Fue cuando se extrajeron los datos del celular de Camilo Soares. En aquella ocasión, de manera escandalosa, el JEM solo la apercibió.
Ella es otra que se creyó salvada. Pero parece cargar con el karma de los celulares. Esta vez fue el de don Lalo el que, de nuevo, la mete en el horno. Se fue de vacaciones, pero es probable que sean las definitivas.
Podríamos seguir con ejemplos de este tipo. Como los de la jueza Sadi López, quien disfrutaba de un cómodo anonimato para el gran público. Sus recíprocos favores con don Lalo jamás serían conocidos si no hubieran quedado registrados en esos mensajes con don Lalo. Más expeditiva que la fiscala Cano, Sadi decidió renunciar.
Tampoco conocíamos a la jueza Carmen Silva, otra ignota magistrada que le contaba a don Lalo las maniobras que hacía para evitar que el fiscal Marcelo Pecci meta preso al narco Cachorrão, al que ella misma le concedió la libertad. Pecci hoy está muerto y Cachorrão, libre. La jueza Silva ha abandonado, debido al dichoso teléfono, el anonimato de mala manera.
Si se cumple el anuncio de que la prensa tenga acceso al contenido total de los chats de Lalo, las revelaciones serán incendiarias que las que emergieron del celular de Fernández Lippman, años atrás.
Serán comparables a los efectos históricos del descubrimiento de los Archivos del Horror en 1992. Por eso, tengo mis dudas de que ello ocurra.
Aunque a Santiago Peña le convendría que todo se conozca. Tendríamos entonces tantos temas de los que hablar, que olvidaríamos su casa de San Ber. Su alivio tendría una vida media más larga.
