En este esquema, en el que el Gobierno cede el manejo de itinerarios y el funcionamiento en general al sector de empresarios, el usuario es siempre el eslabón más frágil y quien debe soportar la inoperancia de quienes administran el servicio, así como la indiferencia del Gobierno ante los padecimientos de los ciudadanos por el mal estado de las unidades, el precio del pasaje y las constantes reguladas.
Desde hace varias semanas los empresarios del transporte y las autoridades del Gobierno vienen protagonizando el acostumbrado tira y afloja, con amenazas de paro del servicio incluidas, en sucesivas reuniones de negociación. Actualmente, demandan el pago de subsidios atrasados, actualización de coeficientes para el cálculo del precio del pasaje, el traspaso de los montos de subsidios a los pasajeros, la renovación de licencias para empresas que cumplen los requisitos y un reclamo por una supuesta manipulación del Gobierno, así como la necesidad de aumentar sus márgenes de ganancias. Los dos puntos sobre los que todavía no habían llegado a un acuerdo son la actualización de coefientes y el traspaso del subsidio a los pasajeros.
Según el Gobierno no hay fundamentos para una medida de fuerza, ya que la mayoría de estos puntos ya están siendo abordados en una mesa técnica e incluso el Estado se está poniendo al día con el pago de los subsidios por boletos. Como siempre, el sector de los transportistas alude a un desequilibrio financiero en las empresas que operan el servicio de transporte público debido al retraso del subsidio.
Independientemente de que lleguen a un acuerdo, o que finalmente los empresarios concreten la amenaza de un paro, es hora de que todos los sectores, tanto los funcionarios y las autoridades como los empresarios tomen nota de los cientos de reclamos cotidianos de los usuarios.
Desde hace ya más de un año se ha venido agravando la situación con la implementación de las reguladas, las cuales son vehementemente negadas por los empresarios e ignoradas por el Gobierno que, en un gesto de absoluta falta de compromiso y vocación de servicio a la ciudadanía, nunca ha tomado medidas para asegurar la calidad del servicio para la gente.
Al final de las negociaciones, que suelen darse periódicamente, habrá buenos resultados para un sector, y los funcionarios considerarán superado el peligro de un paro del transporte. Una vez más el verdadero problema no será resuelto, pues el servicio seguirá siendo precario, obsoleto, y también continuará el menoscabo de derechos ciudadanos, el insulto y la humillación a los pasajeros. Resulta evidente que en las mesas de negociaciones nunca es puesto a debate un tema fundamental: La calidad del servicio. Esto sucede porque la balanza está totalmente desequilibrada; los empresarios defienden sus intereses, pero el Gobierno jamás defiende el derecho de los paraguayos a recibir un servicio de transporte público digno y eficiente.
Los testimonios y los reclamos de los usuarios que a diario aparecen reflejados en los medios de comunicación parecen repetirse como en un bucle a través de los años, solo cambian los personajes, pero el castigo al usuario sigue siendo el mismo.
Estudiantes y trabajadores viven el calvario de las interminables esperas en hora de la noche, en calles y avenidas obscuras y signadas por el peligro de la delincuencia urbana que también asola a nuestra sociedad.
La población usuaria del transporte público pierde muchas horas para trasladarse de su hogar al trabajo y para luego regresar. Estas reguladas que ya están completamente normalizadas les restan a las personas calidad de vida, y afectan su salud física y mental. Pero ni al Gobierno ni a los transportistas les afectan los testimonios del padecimiento por el mal servicio y la cotidiana humillación.
Necesitamos que las autoridades y los funcionarios trabajen por el bienestar de la mayoría de la población, que se comprometan para asegurar el derecho del pueblo paraguayo a tener acceso a servicios públicos eficientes, a que se respete su dignidad y tengan calidad de vida.
