Una jueza alertando a un diputado –bajo sospecha de ser testaferro de un narcotraficante– de los allanamientos simultáneos que prepara la Fiscalía en busca de los bienes del mafioso; un agente de la entidad creada para combatir a estos narcos ofreciendo al mismo diputado un arma capaz de perforar blindados; una jueza pidiendo su mediación para trasladar a otro narco y evitar que un fiscal lo condene con el fin de luego otorgarle la libertad...
Revelaciones como estas suman y siguen y nunca habrían llegado a conocerse si un fiscal no se hubiera atrevido a allanar la casa del todopoderoso diputado e incautar sus teléfonos y computadoras personales. Merced a esa acción temeraria, el número de políticos, jueces, fiscales y mafiosos, que aparecen expuestos en sus inconfesables comunicaciones con el legislador, crece con las horas. Considerando las consecuencias brutales que está teniendo el caso, lo lógico sería que el Ministerio Público buscara blindar a su agente, dándole la mayor protección posible. Pues no ha sido así, sino todo lo contrario. El fiscal general del Estado, en un acto casi criminal, decidió removerlo del equipo antimafia y enviarlo a Paraguarí, a un despacho de ejecución, lejos de cualquier cobertura, en jurisdicción de abigeos, donde nada resulta más fácil que simular un ataque de cuatreros. Solo faltó que le pintara un blanco en el pecho.
Para dimensionar la gravedad de lo que acaba de hacer Emiliano Rolón con Osmar Segovia, el agente fiscal que lideró el allanamiento en la casa del diputado Eulalio Lalo Gómez, muerto en el operativo, basta con repasar quiénes terminaron salpicados una vez que se dio a conocer parte del contenido del teléfono móvil del legislador. Recordemos, primero que nada, que Lalo estaba bajo sospecha de operar con la mayoría de las organizaciones mafiosas de la frontera, en especial con el PCC del Brasil. De hecho, su hijo sigue preso bajo la misma premisa.
De las comunicaciones reveladas queda claro que Lalo operaba para conseguir las designaciones de jueces y fiscales, evitar que los suspendan o destituyan, y luego esperaba que le retribuyeran los favores presentándoles casos concretos. Acaso la relación más escandalosa conocida hasta ahora es la de la jueza de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva, quien le pidió que intermediara para conseguir el traslado a la penitenciaría de su localidad de Waldemar Pereira, el hombre conocido como Cachorrão. El hombre es considerado una pieza clave en la organización del PCC. Chats de por medio, Carmen le cuenta a Lalo que no quiere “juzgar” a Cachorrão en la capital porque el fiscal de la jurisdicción, Marcelo Pecci, terminaría pidiendo para él 20 años de prisión. De paso, se queja del director de la penitenciaría regional, que se negaba a recibir a Waldemar.
De alguna forma, Lalo consiguió que la jueza se saliera con la suya. Ella y otra colega, Ana Aguirre, a quien también logró levantarle una suspensión con la intermediación del diputado, absolvieron a Cachorrão y le dieron la libertad, pese a que había incluso un pedido internacional de captura en su contra.
Esta es una apretada síntesis, pero en las negociaciones para lograr cada uno de los objetivos de Silva aparecen miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, legisladores e incluso ministros de Corte. Todos, en mayor o menor medida, funcionales a los intereses del narco.
Hoy, Cachorrão está prófugo. La jueza y su colega siguen en sus cargos, y los directores de penitenciaría que rechazaron al mafioso y el fiscal al que temía la jueza están muertos, asesinados a balazos. Todo esto se sabe gracias a la incautación del teléfono de Lalo. Todavía hay cantidades ingentes de información contenidas en otros teléfonos y equipos que ya están en manos de la Fiscalía. Pero el fiscal que encabezó el operativo no estará ahí para procesarla, ni estará bajo resguardo en alguna repartición de seguridad, sino en una desmantelada oficina en Paraguarí, a la buena de Dios.
Cruzo los dedos porque nada le pase, pero si le sucede el más leve incidente habrá un culpable y podemos adelantarlo citando nombre y apellido: Emiliano Rolón Fernández.
