El borrador del protocolo está prácticamente terminado y regirá a partir de una resolución del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), afirmó el titular de la institución, José Carlos Martin, quien explicó que además se pretende avanzar en la creación de un comité de indemnización, aunque todavía no se dispongan de fondos.
Este grupo conformado por instituciones estatales y empresarios se encarga de definir qué indemnización corresponde con relación a los precios de mercado.
Se estima que cada ave de traspatio podría estar entre G. 20.000 y G. 30.000.
Los pagos corresponden únicamente para animales de traspatio en un escenario más probable de 100.000 aves infectadas y sacrificadas por el servicio veterinario.
Sobre el costo que representaría una emergencia sanitaria por el ingreso de influenza aviar, Martin mencionó que el plan analizado por varias instituciones contempla unos USD 1,6 millones por seis meses.
Estas medidas se están estudiando ante el riesgo alto e inminente de un brote en el país. Aunque actualmente va bajando la amenaza, el masivo movimiento de aves migratorias en la región se registrará de nuevo desde octubre.
Por este motivo, tanto el Senacsa como el Ministerio de Agricultura y Ganadería hablan de la necesidad de una ley para el próximo año, similar a la que rige para casos de fiebre aftosa.