Las reglas para acceder a la jubilación en el caso de la Caja Parlamentaria son mucho más benignas incluso a las previstas para los maestros o policías o militares en la Caja Fiscal de funcionarios públicos, que a su vez son mucho más benignas que las que rigen para los funcionarios administrativos del Estado o para los trabajadores del sector privado que aportan al IPS. Estas diferencias no solo generan privilegios injustificados, sino también resultan en una ecuación financiera y actuarial absolutamente deficitaria, cuyo subsidio está generando una carga cada vez más alta sobre los recursos ordinarios del Tesoro, que, a corto plazo, requerirá de un incremento en las tasas del impuesto al valor agregado o en el impuesto a la renta empresarial y personal o la creación de alguna otra fuente permanente de financiamiento para solventarlo, lo cual es absolutamente inaceptable.
Si bien la tasa de aporte de los parlamentarios viene incrementándose hasta alcanzar la actual tasa del 22% de la dieta y los gastos de representación que perciben y es superior al 16% fijado para los funcionarios públicos, los parlamentarios pueden acceder a una jubilación ordinaria del 80% a los 55 años de edad con 15 años de aportes, y a una jubilación extraordinaria del 60% con apenas 10 años de aportes. Con esta edad mínima, los años de aportes requeridos y la esperanza de vida actuales, esta caja es absoluta y crónicamente deficitaria porque los aportes individuales acumulados no alcanzan a cubrir ni el 30% de los montos que recibirán como jubilación, sin considerar inclusive la transmisión de derechos a los herederos elegibles. El subsidio estatal será permanente y creciente en los próximos años y se suma a los de la Caja Fiscal. Además, si consideramos que la dieta más los gastos de representación que perciben los parlamentarios equivalen a 12 veces el salario mínimo mensual, este es un subsidio de carácter altamente regresivo.
Debemos eliminar estos odiosos privilegios y unificar los parámetros y las reglas jubilatorias de todas las cajas de jubilaciones, incluido el Instituto de Previsión Social, para generar equidad entre todos los segmentos de trabajadores y recuperar el equilibrio financiero y actuarial del sistema de jubilaciones en su conjunto. Lo ideal es que haya solo una Caja de Jubilaciones que incorpore a todos los trabajadores, públicos y privados, con las mismas reglas. Si por alguna razón fuera necesario segmentar, se debe prever la natural movilidad que tienen los trabajadores entre sectores y empresas, de tal manera que los años y montos de aportes realizados sean transferidos entre las Cajas correctamente capitalizados con los rendimientos obtenidos.
En artículos anteriores sobre reforma del sistema previsional incorporé con base en estimaciones propias, un bosquejo de los parámetros que requeriría un sistema de jubilaciones que mantenga un equilibrio financiero y actuarial, sin requerir subsidios por parte del Tesoro Público a mediano o largo plazo. Dada la esperanza de vida actual en nuestro país, una edad mínima uniforme de jubilación adecuada y razonable es de 62 años de edad. Utilizando un modelo de simulación sencillo y una rentabilidad real del 4% anual de los fondos, que es plausible en un fondo eficientemente administrado, serían necesarios unos 35 años de aportes, con una tasa de aporte del 16%, para alcanzar una tasa de reemplazo del 80% de las remuneraciones de los últimos diez años. La magia no existe.
