Comenzó, entonces, una discusión típicamente paraguaya: ¿Es necesario hacerlo por el camino de la reforma o puede realizarse a través de una enmienda? La primera vía requiere de una Convención Nacional Constituyente, mientras que la segunda, solo un referéndum. Pero ocurre que el artículo 122 de la Carta Magna instituye que no podrán ser objeto de referéndum las cuestiones relativas a los sistemas tributarios.
Pero, al mismo tiempo, la declaración de Peña hizo sonar las alarmas en la oposición. ¿Reformar la Constitución para solucionar una cuestión presupuestaria menor? La desconfianza inundó el ambiente. ¿Se trataba de una excusa para introducir posteriormente –como elemento añadido– la reelección presidencial?
El presidente del Congreso, Bachi Núñez, fortaleció las dudas, al admitir que se podría aprovechar el impulso apuntando a otros temas. Puso como ejemplo la necesidad de corregir el error constitucional de exigir más votos para suspender a un parlamentario que para sacarle su investidura. Con lo cual, se abrirían las puertas para introducir lo que realmente importa al cartismo: La reelección presidencial.
Es natural que la propuesta surja ahora y no hacia el final del mandato, como suele ocurrir, pues las condiciones políticas nunca fueron tan favorables para las ambiciones del ex presidente. Su dominio en la ANR, en el Parlamento y en Poder Judicial hacen posible una embestida contra esa traba que los constituyentes de 1992 pusieron a los autócratas deseosos de perpetuarse en el poder. Retomar la Presidencia de la República significaría también estar más protegido frente a los peligros que hoy le impiden hacer viajes al exterior.
Pero esa mayoría política no garantiza el éxito, pues hay un difuso universo ciudadano reticente a aceptar la imposición de proyectos tan personalistas. El recuerdo cercano de aquella noche de la quema del Congreso y la muerte de Rodrigo Quintana dejó aprendizajes. Por eso, los cartistas no pueden ser sinceros y plantear una reforma constitucional directamente. Tienen que instalar el proyecto de a poco. Y, también por eso, una reforma constitucional por un tema municipal suena algo falso.
El temor de la oposición es, por ende, justificado. Sobre todo, porque los colorados se niegan a negociar la cláusula constitucional que les aseguró todas sus victorias electorales desde hace 32 años: la ausencia de balotaje. Ni siquiera están dispuestos a corregir el planteo opositor que resultó un boomerang: El voto desbloqueado y preferencial.
Más allá de ello, creo que una reforma constitucional sería catastrófica. No tanto por la institución de la reelección presidencial, existente en la mayoría de los países, sino por la calidad moral e intelectual de nuestro Parlamento. De ese ámbito surgirán la mayoría de los convencionales constituyentes. Dejar la redacción de una Constitución en manos de ineptos e irresponsables de esa calaña podría llevarnos a un colapso democrático.
Tenemos la mejor Carta Magna de nuestra historia. Aunque desfasada en algunos aspectos, es la columna vertebral de nuestro sistema republicano. Defenderla, podría convertirse en una causa que unifique a una oposición carente de rumbos y líderes. El cartismo ha aprendido, por eso tantea el tema con prudencia. La gente también lo sabe, por eso desconfía en que Peña desee cambiar la Constitución solo por una nimia cuestión de impuestos.
