Este miércoles, Rafael Cabrera y Gualberto Caballero, de la International Human Rights Group, se acercaron hasta la redacción de Última Hora en el marco de la investigación que están llevando a cabo en nuestro país sobre el caso de la niña de 10 años que quedó embarazada.
Con respecto a la legalización del aborto en Paraguay, desde el punto de vista jurídico fueron rotundos al afirmar que es anticonstitucional y “va en contra de las responsabilidades que tiene el Paraguay como país que firmó los tratados de DDHH”. Además, indicaron que médica y moralmente esta decisión “es una equivocación”.
Los expertos se reunieron esta mañana con autoridades de la Cancillería nacional, médicos, abogados de las distintas instancias, así como con los medios de comunicación, para investigar los hechos que rodean al caso de la niña de 10 años embarazada
El objetivo principal de la misión es conocer si ha existido una violación de los derechos humanos de la niña, a raíz de la petición que realizó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) frente a la Comisión de DDHH para solicitar la interrupicón del embarazo.
Gualberto García manifestó que muchos de los hechos que exponen el grupo “no son sustentables”, como es el caso del estado de salud de la niña, ya que supuestamente corre peligro de muerte, cosa que pudieron desmentir de primera mano, según explicó.
Por su parte, el doctor Rafael Cabrera expresó que constataron que la niña está recibiendo una atención médica de “calidad y calidez”, que se encuentra en condiciones óptimas de salud y que está siendo asistida adecuadamente en todos los ámbitos.
Cabrera declaro que los médicos que atienden a la menor le manifestaron que la niña se encuentra esperando con ansias a su bebé y que no se avizora por el momento ninguna crisis, a pesar de tratarse de un embarazo con alto riesgo.
“Todas las condiciones de sobrevivir”
Cabrera aseguró que el feto y la madre tienen todas las condiciones de sobrevivir al parto, y en ese sentido recalcó que “los pedidos de aborto argumentando que es mejor salvar la vida de la mamá antes que la del bebé, no tienen coherencia alguna”.
Según los investigadores, la impresión a nivel internacional era que el Gobierno de Paraguay estaba sacrificando la vida de la niña para proteger al feto, no obstante, García aseguró que eso no es cierto y que por ese motivo fue que decidieron venir a Paraguay para verificar la situación de manera in situ.
“Es tan escandalosa la manipulación de los hechos, que ahora mismo estamos contemplando hacer una denuncia formal ante la comisión de DDHH contra el grupo Cladem”, anunció García.
La madre pudo haber sido manipulada
Asimismo, contó que posiblemente la madre también fue manipulada al hacerle firmar una solicitud de aborto, sin que ella conociera realmente el contenido de dicho documento. “Es una mujer de bajos recursos que no habla español y estaba confusa”, expresó García, quien cree que la madre fue utilizada por las ideologías que intenta imponer Cladem.
“Hay unos signos claros de que esto es un juego ideológico y político, y estaban manipulando tanto a la madre como la hija para sacrificar al nieto”, sostuvo.
El doctor Cabrera indicó que quedó muy impresionado con el interés y el esfuerzo que está realizando el Gobierno paraguayo para proteger no solo el presente de la niña sino su futuro.
“Es una situación trágica pero el aborto no cambia esta situación”, ratificó, al momento de afirmar que este tipo de hechos no solo ocurre en Paraguay sino en todo el mundo.
García garantizó que en la mayoría de los casos de abusos en donde la víctima termina abortando, el abuso continúa, ya que no existe una prueba de la sucedido. Y desde el punto de vista médico, el doctor Cabrera recordó que existe el síndrome pos aborto, con un porcentaje muy alto de suicidios.
Los visitantes solicitarán al Gobierno que investigue el caso de la madre, ya que aseguran que es muy probable que retirara la acusación contra el abusador porque ella también fue víctima.
El rol del Estado en los casos de abuso
Los visitantes fueron tajantes al asegurar que las únicas soluciones que el Estado puede proveer para acabar con este tipo de abusos son mayor educación y mayores penas carcelarias para los abusadores.
“Ellos son verdaderos delincuentes y deben de recibir la pena máxima para desalentar a otros posibles victimarios a cometer el mismo hecho,” expresó Cabrera.
Ambos investigadores aseguraron que durante la reunión con los congresistas paraguayos van a discutir un posible aumento de las penas privativas de libertad contra los abusadores de menores.
Una vez terminada la investigación los consultores publicarán un informe de los hechos en donde posiblemente realicen una denuncia formal contra la Cladem, esto expondría el mal uso del sistema judicial que realiza Cladem para defender sus posturas ideológicas y políticas además de valerle una posible sanción y retiro de su acreditación dentro de la Comisión de DDHH de la OEA, señalaron.
