En un comunicado de prensa se informa que el Consejo Directivo, la Gerencia y el equipo jurídico de la fundación se encuentran trabajando en las posibles soluciones, analizando todos los escenarios para una salida legal que minimice el impacto de esta medida cautelar.
“Por de pronto, la situación es dramática con riesgo de que todos los servicios de los hospitales dependientes paralicen sus actividades médicas, administrativas y operativas”, refiere el escrito divulgado a través de la oficina de Relaciones Públicas de la fundación.
“Todos los sindicatos, gremios de médicos, funcionarios y personal de blanco, además de importantes sectores de la ciudadanía se encuentran en vigilia, a fin de defender los puestos de trabajo de miles de familias teniendo en cuenta el rol protagónico que tiene la Fundación Tesãi en la salud en el Alto Paraná y toda la región”, agrega.
ANTECEDENTES. El pasado 30 de enero, la abogada Graciela Panza, jueza en lo Civil, Comercial y Laboral de Ferias de Ciudad del Este, dispuso el embargo sobre un caso relacionado a un reclamo de crédito fiscal. Se trata del juicio caratulado “César Luis Gabino Puente Cuéllar contra la Fundación Tesãi sobre medidas precautorias”, expediente número 4, año 2020. El embargo es sobre los bienes de la fundación hasta cubrir el monto reclamado.
De acuerdo a los datos, el embargo preventivo favorece los intereses del abogado César Luis Gabino Puente Cuéllar, quien representó los intereses de la Fundación Tesãi en la última etapa de un proceso relacionado en el lauro arbitral, emanado del Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, de fecha 30 de octubre del 2015.
De acuerdo a los antecedentes, la Fundación Tesãi abonaba el impuesto al valor agregado (IVA), cuyas devoluciones fueron solicitadas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), logrando fallos favorables, debiendo percibir la suma de G. 13.697.101.301 en concepto de capital en fecha 9 de julio de 2010.
Empero, las autoridades de la fundación de ese entonces, cedieron este derecho a favor del Estado paraguayo, mediante el acta del 21 de enero de 2013.
Desde la actual administración se informó que el Consejo Directivo y la Gerencia Ejecutiva se encuentran analizando la situación y el impacto que tendría, considerando que la fundación presta servicios médicos y sociales a la comunidad, que estarían comprometidas por la medida judicial.
