Esta será sin dudas una semana crucial en este emblemático caso, que lleva ya más de dos años, y la ciudadanía aguarda impaciente que la Justicia paraguaya dé pasos decisivos para dejar de ser considerada parcial y selectiva.
En el juicio oral iniciado a Ramón González Daher se logró comprobar que el mismo amasó una fortuna de G. 6.539.895.697.879 (seis billones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cinco millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos setenta y nueve guaraníes), mediante un esquema de corrupción y hostigamiento contra sus víctimas, y con ayuda de la Justicia. El señalado esquema de apriete a las víctimas fue posible solamente con la complicidad de fiscales y jueces. La confabulación consistía en una trampa de doble cobro del clan González Daher, que aprovechaba los vínculos políticos del fallecido hermano de Ramón, el entonces senador colorado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, político con fuertes influencias en el sistema judicial.
La fortuna proveniente de la usura era ingresada por los hoy condenados al sistema financiero, sin justificación legal y sin que los organismos del Estado, encargados del control del lavado de dinero, se dieran por enterados de los movimientos de elevadas sumas de dinero.
Según la investigación de ÚH, González promovió más de 500 denuncias falsas contra personas que prestaban dinero de él o de personas cuyos cheques o pagarés llegaban al poder del ex dirigente deportivo a través de terceros.
En el juicio se probó que Ramón González Daher realizaba préstamos con intereses usurarios de forma comercial, y de manera tal que la desproporción entre lo prestado y lo retornado como intereses eran “superlativamente excesivos”. Usaba los pagarés o cheques para cobrar los préstamos, y luego formulaba denuncias ante la Fiscalía, como víctima en contra de varias personas por supuestas estafas.
Ahora que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, y se confirmó la condena a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, los condenados buscan dilatar la ejecución de sus condenas. Y es que no solamente deberán ir a la cárcel, sino que además, las víctimas que fueron blanco de las denuncias falsas que planteó el ex dirigente podrán reclamar un resarcimiento.
No caben dudas de que este caso ejemplifica la condición de la Justicia paraguaya. Más de dos años han pasado desde que ÚH comenzó a exponer el esquema de usura y doble cobro; y ocho meses desde aquel histórico fallo que todos consideramos, le daba credibilidad al sistema. La Justicia lo encontró culpable de los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa, y sin embargo ninguno de ellos ha pasado un solo día en la cárcel. Al contrario, mientras la condena se hallaba pendiente, se vio envuelto González en otro caso e imputado por quebrantamiento del depósito en grado de instigador y por extorsión en grado de autor, por el caso de los cheques hurtados del juzgado de Humberto Otazú. Tenía una sentencia a 15 años de prisión y una nueva imputación, pero un juez le concedió la libertad ambulatoria, de la cual sigue disfrutando.
Este caso es un catálogo que muestra la manera en que el político se aprovechaba de sus víctimas, acumulaba dinero y procedía a lavarlo con absoluta impunidad. Y exhibe asimismo el esquema que logró bastardear a la Justicia. Como expresaron las juezas que lo condenaron en su escrito, se utilizó el sistema penal y estos hechos no deberían haber ocurrido en un Estado de Derecho.
