La Cámara de Diputados aprobó una emergencia penitenciaria en el país, usando como discurso sostenedor los últimos motines y venganzas entre internos de bandas criminales de la mafia y el narcotráfico que dejaron casi una decena de muertos y numerosos heridos en San Pedro y Asunción. Esta determinación sería plausible si en la trastienda no existieran una serie de hechos y de elementos que ubican la decisión en un peligroso límite en el que la legislatura sigue deteriorando la calidad de las instituciones republicanas y dejando los recursos del Tesoro a libre disposición del presidente de la República y sin control del Parlamento.
La propuesta aprobada en medio de posiciones encontradas deja un precedente que quiebra el equilibrio de poderes que instituye la Constitución Nacional y concentra decisiones en el Ejecutivo para disponer del dinero del Estado a su antojo. La ley sancionada en la Cámara Baja habilita al Ministerio de Hacienda a usar un cheque en blanco. Puede hacer ampliaciones y reprogramaciones presupuestarias por decreto de la Presidencia (cuando que debe ser por ley del Congreso).
Es verdad que las cárceles del país y todo el sistema penitenciario están en crisis desde hace varias décadas, sin concitar interés ni decisión de las autoridades nacionales. Aunque siempre está en el debate público-mediático cada vez que ocurren tragedias de diversas proporciones en alguna cárcel, no suele ser asunto de agenda del poder de turno en el país. Si por alguna razón se aborda el caso, las respuestas no suelen ser realmente para generar condiciones que lleven a cambiar esa realidad. De hecho, desde el año pasado, hay un decreto presidencial que declaró emergencia penitenciaria, también ante una coyuntura álgida en las prisiones paraguayas. La prosecución de esa decisión no superó el papel y la firma del documento. A estas alturas, lo terrible que había en 2018 está peor. Las mafias de toda índole no solo inundaron las cárceles, sino fijaron en ellas sus dominios e inficionaron profundamente todos los niveles de decisión y control.
En vastas áreas del sistema penitenciario, la suerte está en manos de los propios mafiosos. El narcopoder que emerge de la narcopolítica que despliega su “soberanía” desde hace algunas décadas en Paraguay es en parte culpable de ello. El otro responsable de esta crítica circunstancia es el sistema judicial. La Corte, los jueces de todas las circunscripciones y el Ministerio Público no hacen Justicia ni la promueven. No trabajan para resolver casos. No se interesan en los procedimientos.
Los datos diversos y dispersos que existen revelan que más del 60% de los presos no poseen condena. La superpoblación de los presidios seguirá porque no es prioridad de los gobernantes. Sin embargo, se transforma repentinamente en asunto de Estado para usar el drama a fin de echar mano a recurso fácil y sin control que –como en innumerables ocasiones–, por lo general, termina engordando bolsillos particulares de autoridades y políticos de ocasión.
La declaración de emergencia por ley se desdice ella misma por la dispendiosidad con que se pretende hacer frente al problema. Es conocido que cuando se da está situación la prioridad del dinero público se redirecciona, provocando el alboroto de satisfacción de los buitres de siempre.
Si las autoridades realizaran su trabajo para el que se les paga de modo eficiente y cumplieran con sus responsabilidades, muchas de las razones de problemas profundos estarían amainadas. Pero no lo quieren. En el caos, en la desazón, siempre hay oportunistas dentro y pegados al poder que medran para perjudicar a la población.
Este no es un tema nuevo. Que los políticos del Partido Colorado que impulsaron el proyecto nos buscan engañar de todas las formas posibles es harto conocido. Por tanto, esta nueva acción no reviste más que una continuidad de esas “proezas” que alguna vez debemos cortar de raíz.
