Emiliano Rolón jurará este jueves como nuevo fiscal general del Estado, mientras que Sandra Quiñónez saldrá por la puerta grande a pesar de llevar a cuestas muchas críticas a su gestión y sortear cuatro intentos de juicio político por supuesto mal desempeño de funciones.
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Durante estos cinco años de gestión dentro del organismo —que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales—, Sandra Quiñónez estuvo sujeta a constantes cuestionamientos por la falta de independencia y por cajonear emblemáticos casos que involucran a políticos, especialmente a Horacio Cartes.
El fin de una era y el comienzo de otra
El juramento del flamante fiscal general está marcado para este jueves 9 de marzo, a las 8:30, durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.
Con la llegada de Emiliano Rolón al Ministerio Público se iniciará otro periodo dentro de la institución y el nuevo fiscal general del Estado tendrá a su cargo el desafío de “ordenar la casa”, recuperar la credibilidad e independencia, frenar las imputaciones “selectivas” y desempolvar causas pendientes de resolución y otras que, pese a años de indagación, no tienen imputados.
A continuación, se mencionan algunas de las causas más sonadas.
El fiasco del Metrobús
En el 2017 iniciaba la construcción del ambicioso proyecto que iba a “revolucionar” el transporte público en el Paraguay: el Metrobús. Sin embargo, rápidamente empezaron a saltar varias irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto, por lo que la obra resultó ser un fiasco y ocasionó un perjuicio monetario al Estado.
La causa penal empezó en el año 2018 y desde entonces no hubo avances significativos. Incluso, el caso pasó por varios fiscales que sostenían que era una causa compleja y que estaban a la espera de informes.
Desde la sociedad civil esperan que se investiguen las obras que, aparte de inconclusas, fueron demolidas. Los detalles aquí.
El avión iraní-venezolano
El lento avance en las investigaciones sobre el avión iraní-venezolano, a cargo del fiscal Osmar Legal, es otro de los desafíos de Rolón Fernández.
Este caso puso en el ojo de la tormenta a Tabesa, tabacalera del ex presidente Horacio Cartes, pues el avión —que había estado en nuestro país en mayo del 2022— exportó un cargamento de cigarrillos de su empresa a Aruba.
Hasta ahora no hay imputados en el caso, a pesar de que se presume que existe una vinculación con terroristas. Lea más sobre el caso aquí.
Caso #31M
Hasta ahora no se sabe quién dio la orden de atropellar la sede del PLRA, que terminó con el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril del 2017.
Se supo que hubo un cruce de llamadas entre el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, y personas del círculo cercano del ex presidente de la República Horacio Cartes. Sin embargo, la Fiscalía nunca investigó nada al respecto.
No obstante, el Ministerio Público sí consiguió condenas para los manifestantes que se oponían a la enmienda constitucional para la reelección presidencial. Los detalles aquí.
Clan Núñez
Pese a las denuncias por corrupción, malversación de fondos y por enriquecimiento ilícito, los hermanos Ricardo y Bachi Núñez gozan de impunidad por parte de una benevolente Fiscalía.
Mientras tanto, este clan sigue aumentando su poder en el Bajo Chaco.
Informes de la CBI
En abril del 2019, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) remitió a la Fiscalía General del Estado un informe extenso sobre Darío Messer y Horacio Cartes, en el cual se denunciaba “la adulteración de un informe en la Seprelad que vinculaba a Cartes y Messer con el lavado de dinero”.
Otro informe fue entregado en el 2022, sobre los vínculos del ex presidente con el contrabando cigarrillos y una red de lavado. El extenso documento de la CBI reveló la complicidad y debilidad institucional existente en el país, con respecto a investigar los hechos de interés público.
Entre los emblemáticos casos que también deben ser investigados por la Fiscalía están las torturas que se habían registrado en julio del 2022, cuando 35 presuntos contrabandistas fueron salvajemente golpeados por los militares de la Prefectura Naval de Ciudad del Este. También está pendiente la causa contra el fiscal Lorenzo Lezcano, quien fue denunciado por supuestamente permitir la huida del país de personas sospechosas en el caso A Ultranza PY. Más detalles aquí.
“Sus promesas”
Emiliano Rolón Fernández afirmó que el punto de partida de su gestión al frente de la Fiscalía será el de “corregir los defectos y ordenar la casa”. Sostuvo que los peores defectos de la institución son la corrupción y la falta de liderazgo.
De acuerdo con sus expresiones, su gestión se basará en recuperar la credibilidad e independencia ante los ojos de la ciudadanía. “El Paraguay precisa de una justicia eficiente y una Fiscalía de calidad, para que finalmente encontremos una respuesta a nuestros dilemas de convivencia social”, había dicho ante el Senado el pasado 15 de diciembre del 2022.
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También apuntará a destruir “todas las roscas mafiosas” que existen y a combatir el crimen organizado para que sea erradicado. El próximo fiscal general afirmó que es partidario de que todas las instituciones sean controlables y resaltó la necesidad de que el pueblo ejerza de contralor.
Otro de sus objetivos marcados para su gestión es el de frenar las imputaciones “selectivas” e “infundadas”, y por eso, había solicitado una auditoría en el Ministerio Público para conocer los estados de los expedientes.
Rolón Fernández dijo que no va a estar sujeto a devolver favores y que llegó hasta la Fiscalía por méritos propios. En ese sentido, ratificó que será independiente, a pesar de sus amistades políticas. “Toda mi vida ejercí con independencia (mi trabajo). En un tiempo me tildaron de oviedista, luego de luguista y en otro tiempo de nicanorista. Hoy mi figura permanece como una persona que decidió siempre (afrontar) el conflicto”, puntualizó.
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Siguiendo esa línea, Emiliano pidió el beneficio de los 100 días para lograr cambios dentro de la Fiscalía.
Con 40 años de trayectoria en el ejercicio jurídico, Rolón es doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Nació el 5 de enero de 1956 en Escobar, Departamento de Paraguarí.
Se desempeñó como juez de Primera Instancia en lo Criminal y en el 2008 fue declarado inamovible como miembro en el Tribunal de Apelación en lo Criminal, cargo que sigue ocupando en la actualidad. Asimismo, varias veces fue candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia.
