El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien asumió a principios de este mes en reemplazo de Sandra Quiñónez, ya había anunciado que permitiría la auditoría del Ministerio Público por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta posibilidad fue trabada cinco años por la ex fiscala general mediante una acción de inconstitucionalidad, la cual Rolón decidió retirarla en la fecha.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había resuelto hacer lugar a la suspensión de los efectos de las leyes implicadas en el Código de Organización Judicial, en relación con el pedido de la entonces fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, para evitar rendir cuentas ante la CGR.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Se cumple en informar que el retiro de la acción de inconstitucionalidad es la intención de esta representación, acorde con el espíritu del orden constitucional vigente”, había expresado el fiscal.
Para Rolón, la Constitución Nacional establece que la Contraloría General es el único órgano de control. Sin embargo, las instituciones presentaban sus rendiciones al Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema de Justicia, basándose en una ley anterior a la Carta Magna de 1992; es decir, la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial.
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A causa de esta traba que imponen un centenar de instituciones presentando acciones de inconstitucionalidad, la Cámara de Diputados aprobó una modificación de la ley del Código de Organización Judicial limitando las funciones del Tribunal de Cuentas para que ya no tenga la facultad de recibir rendiciones de gastos.
Un grupo de diputados del Frente Parlamentario contra la Corrupción solicitó recientemente al fiscal general que retire la acción de inconstitucionalidad.
“Esta lamentable situación distorsiona todo el sistema de control de cuentas públicas prescripto por la Constitución Nacional, propiciando que numerosas entidades del sector público, y en particular el Ministerio Público, rehúyan a controles adecuados, y en ese sentido genera incentivos para posibles malversaciones de los recursos públicos”, habían expresado en una nota los diputados Sebastián Villarejo, Kattya González, Rocío Vallejo, Tito Ibarrola, Édgar Acosta, Norma Camacho y Carlos Rejala.
