La comisión especial de estudio de pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de la cartista Sandra McLeod de Zacarías, va realizando sus últimas reuniones, para finalmente presentar los dictámenes correspondientes para que el pleno se expida el próximo martes 27, fecha dispuesta para la sesión extraordinaria, donde se estudiará como único punto el citado pedido.
Ayer, la comisión se reunió para debatir punto por punto las 15 acusaciones presentadas por los concejales municipales, que en su momento reiteraron las causales ante los legisladores.
La misma oportunidad tuvo la jefa comunal, que realizó su descargo la semana pasada, sin que se defienda de varias de las acusaciones. Al contrario, reconoció que cometió irregularidades estando en el cargo.
Con este panorama, los miembros de la comisión se reúnen nuevamente mañana, para definir el tema.
En ese sentido, el diputado liberal Antonio Buzarquis, titular de la comisión, adelantó que todo indica que se tendrán dos dictámenes, una por mayoría que será a favor de la intervención, y otra en minoría rechazando el pedido.
Indicó que particularmente está a favor de la intervención y que existen cuestiones muy técnicas que serán expuestas ante el pleno.
Por su lado, el patriaqueridista Sebastián Villarejo, también miembro de la comisión, dijo que más que decisiones son reuniones de debate, de diálogo, las que están manteniendo, analizando todos los puntos de la acusación y la manera en que la intendenta se defendió y de esa manera establecer los dictámenes.
Adelantó que los dictámenes van a ser genéricos, porque la argumentación se va a dar en el pleno.
“Todavía no se estableció eso, pero es lo lógico, pueden estar a favor o en contra, pero no necesariamente con los mismos puntos y argumentos”, enfatizó.
ACUSACIONES. Entre las causales, en la mayoría de los puntos, se destaca principalmente la falta de transparencia en la administración de la cosa pública y solamente en una de ellas se habla de una supuesta malversación de más de 36.500 millones de guaraníes, provenientes del impuesto inmobiliario.
McLeod presentó una acción de inconstitucionalidad para poder disponer discrecionalmente de ese dinero.
Se menciona asimismo que, en varios periodos fiscales, entre ellos el 2018, se realizó la contratación de una empresa, Frontera Producciones, para publicidad institucional en los diferentes medios, pero que no se cuenta con evidencia de publicaciones de revistas, folletos que informen a los contribuyentes sobre las erogaciones efectuadas o que hayan sido utilizadas para la concienciación de la ciudadanía de sus derechos y obligaciones. Dicha empresa ya se llevó más de 17.000 millones de guaraníes en contratos con la intendenta.
