En Paraguay, el Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, el cual se compone de Cámaras: la de Diputados y la de Senadores, con 45 y 80 miembros, respectivamente, y son elegidos por el pueblo.
Dice la Constitución que el Congreso Nacional, como órgano legislativo y de control de actos gubernamentales, tiene como cometido principal legislar, representando los intereses de sus demandantes, es decir, de la ciudadanía, lo que equivale a decir, el pueblo. Hablando mal y pronto, son empleados del pueblo que los mantiene con sus impuestos. Bueno, no solo a ellos, también a 4.203 funcionarios. Y, por cierto, también mantenemos con nuestros impuestos a la hija del vicepresidente de la República, quien había ingresado sin concurso a Diputados como asesora y un salario de G. 18.274.300; y a la hija del diputado colorado cartista, Yamil Esgaib, quien cumplía funciones de auxiliar administrativa en la Embajada paraguaya en el Reino Unido, con 24 años, cuatro horas diarias, con una remuneración de USD 3.000. Pero lo vale, porque, según Santiago Peña, hace un trabajo excelente y habla bien el inglés.
Respecto a los funcionarios del Congreso, claro que son necesarios, quizá no en la cantidad que tenemos, pero definitivamente se tiene que hablar de la calidad. Después de todo, cuestan un montón de plata; por lo tanto, tenemos derecho a exigir que sean los mejores, con títulos universitarios, que sean eficientes, trabajen mucho y que accedan a esos cargos a través de concursos transparentes. Ya no más recomendados, correligionarios y familiares de los políticos. Alguna vez en el Paraguay hay que profesionalizar la carrera del servicio público, porque ellos y ellas deben prestar el mejor servicio a sus empleadores, que no es el seccionalero o el diputado que le consiguió el cargo, sino el pueblo paraguayo. A ése es a quien deben rendir cuentas.
El año pasado y este que acaba de comenzar nos han mostrado cuán ocupados andan los empleaditos.
Uno de ellos, Alexis Benítez Duarte, funcionario del Congreso, había sido detenido en un control policial, conduciendo en estado ebriedad; cuando le pararon actuó prepotente y se jactó de su condición de funcionario público; se negó a someterse a la prueba del alcotest, y presumió de haber sido nombrado por el senador cartista Silvio Beto Ovelar.
Otro caso. William Roberto Bogarín, quien fue destituido después de haber sido detenido tras una investigación en un caso de estafa a colonos en San Pedro. El funcionario modelo fue imputado por los delitos de estafa, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Pero el caso que más indignación causó fue el de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria de la Cámara de Diputados. La ahora ex funcionaria fue imputada junto a otras cuatro personas por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza.
¿Se acuerdan de lo que hizo? Participar en un esquema para desviar las indemnizaciones de la ANDE destinadas a familias humildes. Acosta Armoa, nombrada en el periodo de Pedro Alliana, cuando era presidente de la Cámara, ostentaba una vida de lujo en las redes sociales y estafaba a gente humilde.
Este 2025 empezamos con el pie derecho. La Policía Nacional detuvo, durante una entrega de dinero vigilada, a un funcionario de la Cámara de Diputados y a una mujer en prosecución de un caso de extorsión con imágenes de carácter sexual; el funcionario hacía de nexo de cobro entre la principal sospechosa y la víctima.
Sirve de poco, pero no nos pueden negar el derecho al plagueo. Estos empleaditos hacen lo que quieren, se autoaumentan salarios, nos joroban la jubilación a los trabajadores y encima dejan sueltos a sus funcionarios para que cometan estafas por doquier. Y todo con nuestros impuestos, compatriotas.
