10 feb. 2025

Empresa reclama a RGD y a su hijo G. 381.153 millones en acción civil

Es como reparación del daño e indemnización ante el Tribunal de Sentencia que lo condenó a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Defensa debe contestar el traslado.

27899638

Condenados. Ramón Mario González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.

archivo

La firma constructora M&T SA planteó una acción de reparación del daño e indemnización por daños y perjuicios ante la jueza de Sentencia de Delitos Económicos, Ana Rodríguez, donde reclama a Ramón Mario González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo, la suma total de G. 381.153.330.554.

Esto, en la causa de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, donde condenaron a 15 años de cárcel a RGD y a 5 años de encierro a su hijo, pena que cumplen en estos momentos, a más de un multimillonario comiso, que se ejecuta ahora.

La acción Civil en lo Penal, se realiza ante la magistrada que presidió el juicio oral contra González Daher, pero como la magistrada Claudia Criscioni fue ascendida a camarista, la jueza que la reemplaza, Ana Rodríguez, es la que atiende el caso.

La magistrada ya corrió traslado a los dos condenados a más de la Procuraduría General de la República, para que contenten la demanda de 58 páginas que promovió la abogada Patricia Doria Argaña, bajo patrocinio del abogado Horacio Peroni, en representación de la firma M&T SA.

El monto solicitado es en concepto de daños y perjuicios por daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance, como víctimas de la usura por parte de los condenados Ramón Mario González Daher y su hijo Fernando Ramón González Karjallo.

LA CAUSA. La accionante refiere que la empresa tuvo que solicitar a los demandados préstamos de dinero que resultaron en operaciones con intereses y plazos en condiciones desproporcionales y desmedidos con respecto al dinero recibido.

Afirma que entre julio del 2016 y octubre del 2017, recibieron de RGD la suma de G. 15.980.400.000. De ellos, el condenado recibió y cobró, de los montos de la empresa, G. 23.694.500.000, según explican. Pese a ello, dicen que igual les reclamó G. 19.049.891.840, recibidos en el 2018.

Explican que estos hechos no son controvertidos, ya que fueron corroborados en el juicio oral. Después, realizan el pedido de reparación del daño y otros.

La firma constructora dice que se fundó en 1980, con los accionistas Julio Mendoza Yampey y Cíbar Paredes. Alega que, en los últimos 20 años, tuvo un volumen de facturación de USD 560 millones, incluyendo USD 371 millones en obras viales, más de USD 160 millones en obras civiles y más de USD 30 millones en obras sanitarias.

Así, como daño emergente por pago indebido, reclaman G. 26.051.236.240; por daños a raíz de juicios civiles y honorarios, G. 105.976.415.060; por el daño a raíz de las multas G. 9.358.492.425; por la perdida del valor de la firma, la suma de G. 79.348.525.377.

También por daño emergente G. 19.049.891.840; por lucro cesante, la suma de G. 3.370.398.493; por la ganancia que no ingresó G. 111.601.107.116; y por pérdida de chance, G. 15.529.605.858, y por no poder acceder al crédito la suma de G. 6.500.000.000.

El reclamo total es por G. 381.153.330.554, tanto a Ramón González Daher, como a Fernando González Karjallo. Además, solicita como medida cautelar, el embargo de todos los bienes por la citada suma y la inhibición general de gravar y vender.

Bienes están ejecutados para el Estado La jueza Penal de Ejecución, Sandra Kirchhofer, tiene a su cargo la ejecución de la sentencia 515, dictada el 17 de diciembre del 2021, en contra de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo. El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia dispuso el comiso de los bienes de ambos por la suma de G. 240.554.525.035, y por USD 11.711.977, equivalentes en total a USD 47 millones los que son ejecutados. Así, más de 140 inmuebles pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, a más del dinero depositado en varias cuentas bancarias. Sobre estos bienes son lo que se pide el embargo preventivo en la acción civil, por lo que se dio intervención a la Procuraduría General.

Más contenido de esta sección
Al dueño de una farmacia le habrían solicitado dinero para un trámite administrativo que, en realidad, ya estaba concluido. La amenaza fue de una denuncia en la Fiscalía y que iría a la cárcel.
Las personas privadas de libertad son instruidas en esta materia como complemento a las demás profesiones, para que aprendan a defenderse oralmente al llegar a su ansiada reinserción social.
El profesional juzgó que la Fiscalía carece de independencia y la integridad necesarias para afrontar una limpieza en el sistema judicial. Mencionó que ministro de Corte tendría vínculos con estudios jurídicos.
CONTACTABAN POR RESPALDO. Integrantes del Tribunal pedían apoyo y escribían a Lalo Gomes.

OPERATIVOS DESCUBIERTOS. Magistrada anunció al empresario de 26 allanamientos que se harían.