La investigación que abrió la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a unas veinte entidades públicas descentralizadas por el uso de facturas falsas tiene matices harto llamativos.
La institución detectó fuertes indicios de que una rosca habría creado una variedad de empresas de maletín con el solo fin de facturarles a los entes públicos con licitaciones o compras ya direccionadas de antemano para no tener competencia real.
Según los avances en la pesquisa, estas compañías involucradas tenían movimientos prácticamente nulos en el ámbito tributario, pero de un día para otro emitieron facturas por valor de G. 57.000 millones (USD 8,3 millones), lo que llamó mucho la atención de los fiscalizadores. A eso se suma el agravante de que muchas de esas facturas, que serían apócrifas, se emitieron en los peores momentos de la pandemia.
EL CASO. La SET abrió una investigación a una veintena de entidades públicas descentralizadas que formarían parte de un nuevo esquema de utilización de facturas falsas.
De acuerdo con la pesquisa, estas instituciones habrían utilizado comprobantes que emitían empresas de maletín por valor de G. 57.000 millones, con lo que justificaron los gastos hechos con dinero de los contribuyentes.
Como estas instituciones no pagan impuestos, las sospechas de la Administración Tributaria apuntan a que se trataría de sobrefacturaciones o para justificar obras y compras que nunca se hicieron.
Tras el cruzamiento de datos a nivel interno, la SET pidió a los bancos un informe sobre los movimientos financieros de las empresas de maletín y de las entidades públicas. También se solicitaron reportes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre las licitaciones en las que participaron los involucrados.
Este operativo que lleva adelante Tributación se denomina Facturación 2, y es la continuación del caso de megaevasión detectado en conjunto con la Fiscalía hace poco más de un año en el barrio Maramburé, de la ciudad de Luque. En ese proceso están siendo investigados actualmente unos 900 contribuyentes físicos y jurídicos, como parte de un esquema de empresas fantasmas que supuestamente evadieron unos G. 100.000 millones. De ese total, el Fisco ha recuperado ya unos G. 70.000 millones, según informó días atrás el jefe de la SET, Óscar Orué.
La Cifra
57.000 millones de guaraníes totalizan las facturas falsas que habrían utilizado los entes públicos para justificar los despilfarros.