Una de las áreas en las que los gobiernos de nuestro país han sido irresponsables es en la administración de las empresas públicas y en la fijación de tarifas de servicios públicos, donde prevalecen criterios políticos en las decisiones, sin aplicar las buenas prácticas en la materia o alguna rigurosidad técnica. Debemos tener en cuenta que una de las principales causas del déficit fiscal en la Argentina son las transferencias del Tesoro para cubrir pérdidas de empresas estatales originadas en las tarifas subsidiadas de electricidad, gas, agua potable y transporte público que no cubren ni un cuarto de sus costos. Este destino nos espera si no cambiamos el modelo de gestión de las empresas públicas y si no implementamos una política tarifaria clara que permita cubrir todos los costos operativos y de capital, complementados con una política de subsidios focalizados financiados con impuestos para garantizar un consumo mínimo de servicios públicos básicos a los segmentos de población en situación de pobreza y de pobreza extrema.
Hubo intentos de cambio en el régimen de las empresas públicas, pero hasta ahora todos fracasaron. En la década de los 90 el enfoque fue privatizar o cerrar las empresas deficitarias. Así, fueron privatizadas Acepar, hoy quebrada; Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), que fue absorbida por la actual Latam y Flomeres que fue cerrada. Algunas fueron convertidas a sociedades anónimas para una posterior privatización que nunca se concretó, y así surgieron Essap SA, Fepasa, Copaco SA y Capasa, las cuales no tienen siquiera una gobernanza mínimamente adecuada. Las dos últimas están quebradas, solicitando asistencia financiera al Tesoro, y deberían ser vendidas o liquidadas. La Fepasa hace años no opera ningún tren y lo quieren reflotar con el tren de cercanías, pero no tiene la mínima capacidad de implementar u operar un sistema de tal complejidad.
La Essap es la única que funciona bajo un régimen regulatorio y tarifario definido, con la supervisión de un Ente Regulador, el Errsan; aunque con limitada capacidad financiera y con niveles de cobertura y eficiencia operacional muy bajos en sus servicios, resultado de la débil gobernanza. Por otro lado, la INC, ANNP y Petropar permanecen en el ámbito público, operando en mercados relativamente desregulados pero sin una política de desarrollo empresarial, altamente ineficientes y sin justificación para ser propiedad estatal, considerando la presencia de empresas privadas en cada sector. Asimismo, la ANDE mantiene el monopolio en la prestación de los servicios de electricidad con algunas leyes que buscan abrir, hasta ahora sin éxito, la participación privada en la generación de energías renovables. Hasta hoy no existe un marco regulatorio ni tarifario, ni un ente regulador que ordene la operación del sector eléctrico, lo cual frena el desarrollo de su potencial. Si bien la ANDE funciona mejor que las demás, opera con altos niveles de pérdida de energía, y su tarifa, definida con criterio político, es absolutamente insuficiente para garantizar su sostenibilidad financiera.
Con la intención de mejorar la gobernanza del sector, reducir la influencia política en sus decisiones y, en consecuencia, mejorar la gestión de las empresas públicas, se creó en el 2013 el Consejo Nacional de Empresas Públicas bajo la coordinación del actual Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta ahora no ha ejercido influencia relevante en la gestión de las mismas y siguen funcionando de manera desordenada, con alta ineficiencia y dificultades financieras. Es imperativo que el Consejo cumpla efectivamente su rol para cambiar esta situación. Además, las empresas inviables deben ser liquidadas y las que producen o comercializan bienes en competencia deberían pasar a manos privadas para evitar más carga al erario público. Todas las tarifas y precios deben reflejar los costos totales, y los subsidios ser focalizados y financiados con impuestos.
