Raúl Ramírez Bogado
@Raulramirezpy.
El defensor general Javier Dejesús Esquivel señala los adelantos de la institución a su cargo y la sobrecarga de trabajo. Refiere que en Central usan la inteligencia artificial como herramienta para ayudar con la cantidad de dictámenes. No son jueces y no tienen ninguna restricción, apunta.
–¿Al asumir, cómo encontró el Ministerio de la Defensa Pública?
–La encontré con muchas debilidades institucionales. Se hizo mucho por la Defensoría, pero falta mucho más. Tenemos debilidades administrativas, que es lo de menos inclusive, pero si no tenemos una buena base de la estructura organizacional es difícil dar respuestas. Te pongo un ejemplo: La institución tiene unos datos que debe proveer. En la Defensoría no había una Dirección de Estadísticas. O sea, los datos que se proveían no eran validados. Se convertían en un acto de fe. Yo le decía al defensor: ¿Cuántas causas tuvo este mes? Y me dice: ‘Tuve 100’. Pero no existe un elemento para validar la información. Hoy estamos creando la Dirección de Estadísticas. Estamos trabajando en ese sentido.
–Entiendo.
–Además, en el ámbito jurisdiccional, muchos de los defensores se jubilaron. Si bien es cierto, esto es un alto voluntario, muchos decidieron hacerlo. Y eso significó una debilidad institucional, porque teníamos 77 cargos en concurso cuando asumí. Ahora, hay 34 que serán cubiertos. Eso nos va a dar un margen de mejor servicio otra vez. En Asunción hay ocho defensores públicos especializados en el Fuero Penal. Sin embargo, solo cuatro estaban en funciones. Eso significa que cuatro hacen el trabajo de ocho. Los juicios no paran porque uno se haya jubilado. Ahora creamos un cargo más, un defensor adjunto para el área de la niñez.
–¿Y en otras áreas?
–Te hablo del área administrativa. Por ejemplo, implementamos la licencia electrónica. Eso significará un ahorro importante en hojas. Estiman que se usaban unas 200.000 hojas en un año. Porque para tramitar un permiso tenías que hacer un montón de copias y cuando me llega el expediente tengo una montaña de papel. Ahora lo gestionamos en el celular. Google nos ha aprobado nuestra App. Aún no tiene todas las funciones que esperamos, pero es un avance y estamos trabajando en un seguimiento de casos. Queremos llegar hasta que el usuario pueda revisar el pleito en el que es parte a partir de su teléfono. A eso apuntamos. O sea, que los usuarios del sistema van a poder chequear su expediente. Con eso, si voy y le digo que el defensor José María Delgado presentó el recurso de apelación, hoy se convierte en un acto de fe y no tengo la posibilidad de controlar y tampoco voy a poder mirar en el Juzgado. Eso es un avance que estamos teniendo, pero hay un proceso todavía.
–¿Y en el interior?
–Hoy pasamos al Departamento Central a inteligencia artificial. Estamos en los primeros tiempos de uso. La IA es un sistema que va a permitir, para darte un ejemplo, un defensor de Niñez hace un promedio de 20 a 25 dictámenes semanales y tiene tres días de tiempo para evacuar ese dictamen. Ha ojo’apa (y se encima todo). Con la inteligencia artificial eso va a demorar minutos y vamos a ahorrar un importante tiempo en la gestión de los proyectos. Lo único que no tenemos son los recursos para llegar al nivel nacional todavía.
–¿La IA hace los dictámenes de la Defensa Pública?
–Puede verte a través de la casuística, qué norma jurídica es aplicable. Qué jurisprudencia es la tendencia en ese tema y cuál es la solución propuesta. Es el defensor el que va a optar qué decisión tomar, pero es una herramienta. En la Justicia hay el problema de las garantías constitucionales. El juez natural de carne y hueso. En nuestro caso, nosotros somos postulantes. Pedimos cosas. No resolvemos. Entonces, no tenemos esa restricción del juez natural. Y las garantías que hablan del juez independiente e imparcial. Eso es para el juez. Nosotros no lo somos. Somos abogados. Esto lo usamos en todos los fueros del Departamento Central, en todos los pueblos, porque es donde hay mayor cantidad de usuarios.
–¿Y en inversión?
–La Defensa Pública culminó 23 procesos licitatorios relacionados con vehículos, computadoras, internet, seguro médico. Nunca la institución tuvo esa cantidad de procesos y, más aún, en un tiempo récord de dos meses. ¿Y por qué fue tan rápido? Soy un tipo práctico. Yo no le cambié a nadie. Les dije: Voy a medir tu capacidad. Si vos me podés hacer esto, seguimos, y si no podés... Ahora conseguimos una ampliación presupuestaria de 20.060 millones. No podemos hablar de expediente electrónico si no compramos un equipo informático en cinco años. Cómo vamos a hablar de expediente electrónico si tenés internet de baja calidad. Hoy estamos contratando el internet satelital. También vamos a reparar las sedes.
–¿Y el proyecto de cobro de honorarios que dicen es competencia desleal?
–No. Hoy es la competencia desleal. Y te hablo con absoluto conocimiento, porque fui defensor público. En el proceso civil, en el contencioso administrativo, en la niñez, la requisitoria necesaria es la carencia. En lo penal no. ¿Por qué? Si yo me voy a un proceso civil, te demando y vos no te presentas, el juez va a declarar rebeldía y te va a condenar. En lo Penal no hay condena en rebeldía. Entonces qué pasa si vos sos imputado, denunciado o querellado y no ponés un abogado. Entonces, el Estado te va a poner uno de oficio. Porque no hay condena en rebeldía. Y allí ya no entramos a discutir si vos sos pobre o no. Entonces, probablemente no estoy en contra de que la gente use el servicio, pero le estamos relegando a los que más necesitan. Y allí hay un tema que los abogados no se han percatado, porque lo socializamos. Es que muchas veces se quedan con el titular.
–¿Cómo es eso?
–¿Qué pasa? Si yo soy tu abogado y le decimos al juez, quiero que me regule honorarios y los fija en 50 millones. Te puedo decir, mirá tengo 30 y arreglar. Pero en la Defensoría va a ejecutarse la sentencia. Y eso sí va a desalentar a la gente. Yo lo que pretendo es desalentar. Ese dinero será destinado a inversión en infraestructura. Actualmente, ya tienen alguna regulación. La ley permite en caso de niñez, por ejemplo, que se reponga el ADN. Algunos llegaron a hacer eso. Ese tipo de regulación hoy está en la ley. Tampoco es una novedad. Así es en la Argentina, en Chile, en Centroamérica. Esas legislaciones permiten y la Convención y la Constitución habla, específicamente en el artículo 17, diciendo el proceso penal en cualquier otro que pueda derivar pena o sanción, en la defensa en juicio que es la posibilidad que yo elija abogado. Y aquel que careciera del recurso, el Estado tiene la obligación de darle. Ese es el requisito.
–¿Tienen muchos casos?
–El año pasado atendimos 236.000 personas. Y cuántos somos; 400 promedio, serían 590 casos cada uno. Hoy, de 10 juicios orales de crimen organizado, narcotráfico, 7 hacen los defensores. Y de las 18.000 personas recluidas aproximadamente, –eso varía–, el 90 por ciento de ellos los representa la Defensa Pública. Hay una sobrecarga de trabajo. También como algo positivo, en Luque, en lo que va del año hubo 615 procesos de adopción en tiempo récord.
Fue designado este año como defensor general, titular del Ministerio de la Defensa Pública. Abogado con medalla de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Fue defensor público en Encarnación (2004-2011), camarista de San Pedro y de Paraguarí desde el 2011 hasta este año. Es docente universitario.