En la fecha arranca la serie de movilizaciones organizadas por sectores sociales y políticos, y que cerrará con la tradicional marcha campesina hasta la capital, con el lema “Por la tierra, producción y contra todas las injusticias”. La denominada Gran Marcha Nacional, Unidos por Paraguay reivindica derechos “pisoteados en el Gobierno de Santiago Peña”. En democracia, la ciudadanía debe tener garantizado el derecho a la protesta pacífica cuando no está de acuerdo con su gobierno. El ejercicio de ese derecho habla de la salud de la democracia.
Este martes se prevé la movilización de organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, adultos mayores, indígenas y otros colectivos. Mañana miércoles los partidos de la oposición convocan a la ciudadanía a defender los derechos colectivos.
Los campesinos, miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), marcharán el miércoles 26 y jueves 27 de marzo, bajo el lema “Por la tierra, producción y contra todas las injusticias”. Sostienen que el problema de la tierra crece y el Gobierno no da respuestas, y denuncian el abandono por parte del Estado, siendo que ellos son los productores de alimentos para el país.
Reconocido en el artículo 32, “De la libertad de reunión y de manifestación”, la Constitución Nacional garantiza que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos...”. Y, si bien es cierto que la denominada ley del marchódromo, la N° 1066 que reglamenta el artículo en cuestión establece condiciones, lugares y horarios, ha tenido en el pasado el efecto de desalentar la protesta.
La Carta Magna establece que la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder a través del sufragio para designar a quien le gobernará. Por esto, que la ciudadanía le reclame a su gobierno cuando considera que no está realizando los esfuerzos en su labor de darle calidad de vida y garantizar el ejercicio de los derechos, es una saludable cualidad de la democracia.
“El peor enemigo de la democracia es la indiferencia. Si los ciudadanos no salen a las calles a reclamar los derechos colectivos que están siendo pisoteados, eso va a ser la reconstitución de la dictadura”, había advertido Miguel Abdón Saguier, ex senador e histórico dirigente liberal. Lograr la participación de la ciudadanía es una aspiración y un ideal en tiempos en los que informes internacionales hablan del declive de las democracias. Hace apenas dos años, la Corporación Latinobarómetro sostenía que Paraguay era el país con actitudes más autoritarias de toda la región; y llamaba la atención sobre el hecho de que el país es gobernado por el Partido Colorado desde 1948, con apenas una alternancia, que fue interrumpida, a criterio de muchos, por un golpe de Estado parlamentario.
Hoy nuestra democracia enfrenta serios peligros. No se trata solamente del creciente poder del narcotráfico y el crimen organizado, sino también la corrupción pública con ellos es una amenaza a nuestro Estado de derecho.
Frente a este panorama, y ante las ya conocidas situaciones de dramáticas necesidades de la población: salud pública universal, la falta de terapia neonatal que garantice la vida de los bebés paraguayos; educación, el actual caso de kits escolares y almuerzo en las escuelas, empleo digno u oportunidad para todos, como en el muy denunciado caso de los nepobabys del Congreso, y seguridad, los cotidianos casos de violencia urbana que afectan a la población; es necesario afrontar que sin la participación activa de una ciudadanía responsable que ejerza control de su gobierno, no podremos salir adelante y cumplir el anhelo de convertirnos en un país con mejor desarrollo, donde la democracia signifique una sociedad tolerante y solidaria; donde los derechos son respetados y el pueblo vive con bienestar.
