Referentes sociales nucleados en la agrupación Somos Anticorrupción, apoyados por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, llevarán a cabo hoy una marcha denominada Contra la corrupción y la impunidad desde las 10:00, sobre las calles Colón y Carlos Antonio López, hasta el Palacio de Justicia, con el fin de exigir la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia con permiso Antonio Fretes, “por estar salpicado y vinculado a actos ilícitos”.
Esta actividad se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra en la fecha.
El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo de este día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en este proceso.
El pasado 21 de noviembre, tras oficializarse un pedido de juicio político en su contra, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, solicitó al pleno de la máxima instancia judicial un permiso para apartarse del cargo de la presidencia por tiempo indefinido.
El ministro está en el ojo de la tormenta tras la supuesta coima que involucra a su hijo, Amílcar Fretes.
El ahora ex titular de la CSJ alegó que el motivo de la solicitud serían “cuestiones personales”, aludiendo a su salud como un “asunto ya largamente postergado”.
“En aras de seguir con el compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, manifestamos la ciudadanía paraguaya nuestra profunda preocupación por el deterioro del sistema de administración de justicia ante la ausencia de políticas institucionales firmes, hacemos un llamado a la máxima instancia judicial a arbitrar mecanismos para que procesos por corrupción pública no queden impunes”, señala el documento hecho público ayer por la Coordinadora de Abogados.
Indicaron que la ciudadanía juega un papel preponderante en estos casos.
Días pasados se desató una polémica después de que el senador Pedro Santa Cruz diera a conocer un contrato donde se revela un supuesto pago de USD 368.000 de un familiar de Hijazi por prestación de servicio del extraditado en setiembre de 2021 al abogado Amílcar Fretes.
Obispo cree que ministro debe renunciar
El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, cree que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con permiso, Antonio Fretes debe dar un paso al costado por el bien de la Justicia.
A la misa de ayer acudieron algunos políticos como la senadora colorada Lilian Samaniego, el ex senador colorado Víctor Bogado y la actual fiscala Sandra Quiñónez.
Monseñor Valenzuela fue abordado por Telefuturo cuando se disponía a subir a un helicóptero para el sobrevuelo y bendición de los feligreses con la imagen de la Virgen de Caacupé.
El obispo aprovechó para hablar sobre el contenido de su homilía e indicó que es el reflejo de la solicitud que le hace la gente y que lo que más le piden es que hable sobre los políticos, la Fiscalía y la Justicia.
Sobre la Corte Suprema de Justicia señaló que a todos les dejó con una moral baja lo que ocurrió con el presidente del máximo órgano judicial, cuyo hijo aceptó USD 368.000 para buscar trabar la a extradición de Kassem Mohamad Hijazi.
A su criterio, la Corte Suprema de Justicia sostiene la democracia de todo un país y debe ser sólida y fuerte, además de ejercer plenitud, pero con la reciente situación se debilitó mucho y sería lo correcto que Fretes dé un paso al costado.
“Yo creo que sería lo correcto en esto, como un gesto importante para fortalecer nuestra Justicia y democracia también”, manifestó el obispo al ser consultado si creía que Fretes debe renunciar.
Finalmente, dijo que la familia paraguaya está quebrada y que se debe trabajar juntos para fortalecer ambas instituciones. “Es imposible luchar contra la corrupción con una familia resquebrajada”, afirmó.
Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero y, luego de casi un año de haber sido detenido en Paraguay, fue extraditado a Estados Unidos.
