02 abr. 2025

En el horno

Estos últimos días han sido especialmente agitados por las noticias de corrupción, que no son nuevas. Tampoco por las consuetudinarias vinculaciones de funcionarios del Estado, aunque esta vez superó todas las expectativas por la participación de militares de alto rango en la red de armatráfico que se desmanteló bajo órdenes de EEUU y Brasil. Quizá fue la secuencia muy cercana entre un hecho y otro, síntoma de la descomposición institucional que está llegando a su punto más alto y explota porque la presión no da más.

La saga empezó con los funcionarios de la Dinac (aeropuerto) y su esquema para enviar drogas a Europa. Los videos muestran cómo estos delincuentes que debían evitar el delito, daban cobertura a una “mula” (denominación dada a traficantes vulnerables) para evitar los controles. Para su desgracia, la joven mujer se desorientó en la terminal aérea y preguntó inocentemente a un policía de la Senad, quien detectó su nerviosismo y controló su maleta.

Luego estalló el escándalo de la Interpol. Después de la frívola entrevista al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, quien se jactó del levantamiento de la orden de captura de su esposa, Giannina García, se reveló que la policía paraguaya eliminó la alerta roja contra la misma con lo cual podía moverse tranquilamente. Policías arrestados, coimas al descubierto. El comisario Juan Pereira, la cabeza de Interpol, rodó. Ni siquiera su hermano, el viceministro de Seguridad, pudo salvarlo.

Cuando aún se digería semejante descaro policial, detonó la operación Dakovo, una acción coordinada con Brasil y EEUU para desmantelar una poderosa red de armatráfico, cuya sede central es Paraguay

El caso, cuya investigación data de dos años, tiene todas las aristas posibles y cubre un amplio arco que involucra a empresarios, militares, funcionarios desleales y un poco de farándula. El cabecilla, un empresario argentino de nombre Diego Dirisio, armó un perfecto esquema del negocio con todas las de la ley asegurándose vínculos con la cúpula militar a la que manejaba a su antojo y paladar. Su compañía importaba miles de rifles, pistolas y municiones de varios fabricantes europeos con sede en Turquía, República Checa, Eslovenia y Croacia. Probablemente la cara más visible de la degradación institucional sea el general del Aire (SR), Arturo González, en cuya casa se encontró más de G. mil millones. Y con él, una red de militares que estaban al servicio de un negocio cuyo cliente principal es el crimen organizado del Brasil (venta libre y legal de armas al PCC y Comando Vermelho). La Dirección de Material Bélico, bajo administración de las FFAA, no era sino una sucursal para blanquear el negocio de esta mafia. La operación sigue en curso. Su corolario lógico sería que caigan los padrinos políticos, sin cuyo concurso sería imposible el éxito del negocio.

ELLOS, NOSOTROS, TODOS. Cuando surge un escándalo de corrupción o la vinculación de determinados personajes políticos o altos funcionarios del Estado, civiles, policiales o militares con el crimen organizado, la primera reacción del grupo político que está en el poder es señalar con el dedo al gobierno anterior, que casualmente es de su mismo partido político. Como hace 70 años. O si tomáramos desde la caída de Stroessner en 1989, la administración de los 34 años de vida democrática, 29 años está en manos de la ANR. Por tanto, hay una responsabilidad histórica ineludible de este partido en la consolidación de las mafias en el país. Lo que no obsta que también algunos políticos opositores transiten el mismo camino.

Ese señalamiento político de que el culpable es el gobierno anterior puede servir para sacarse momentáneamente la culpa e instalar el relato en las redes sociales, pero se sabe que los casos de corrupción vinculados al crimen organizado son el resultado de décadas de complicidad estatal. Tal vez un gobierno esté más involucrado que el otro, que sea más débil que el otro, que sea más permisivo que el otro, pero este nivel de putrefacción es la consecuencia de años de corrupción y debilidad institucional. Las fotos de los traficantes de armas con connotados dirigentes del oficialismo, incluso con el presidente de la República, son elementos probatorios del vínculo colorado con las mafias. En cada gobierno caen peces gordos. Hay operativos escandalosos. Mario Abdo se jactaba del operativo A Ultranza; Peña, del operativo Dakovo. Anteriores presidentes también hicieron alguna que otra tarea eventual, pero hasta hoy no existe la valiente decisión política de extirpar este flagelo de las instituciones del Estado. La única manera de combatirlo es con cooperación internacional, meter preso a los amigos y no dar tregua nunca.

El problema atraviesa y supera los gobiernos. El problema es el sistema, esa imbricada red de políticos, funcionarios y delincuentes que utilizan el aparato del Estado para perfeccionar los jugosos negocios del crimen organizado, que hacen imposible resistirse al color del dinero. Que el país está en el horno.

TORPEZA. En medio de estos escándalos en el campo de la seguridad, el Gobierno volvió a tener un sonoro tropiezo en el Senado, que evitó el tratamiento del polémico proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Una ley necesaria, pero que no ha pasado el examen de confianza, el principal problema de la administración cartista. La debilitada oposición logró una victoria simbólica al dejar sin quórum una sesión donde se pretendía votar a tambor batiente una propuesta que despertó la alianza de sectores políticos, sociales y hasta de la cúpula de la Iglesia Católica como hace tiempo no sucedía. ¿Podrá Peña levantar la desconfianza y lograr el consenso político y social? ¿Entenderá que para determinados temas no basta la aplanadora en el Congreso y que debe sentarse a dialogar y convencer?

Para rematar la semana, el informe PISA, que mide las competencias de los alumnos en matemáticas, lectura y ciencias, dio lapidario dictamen: Paraguay es un fracaso educativo, está penúltimo en la posición, 80 de 81. Resultado de décadas de dar las espaldas a la educación.

Pero el presidente Peña parece inmune a estos problemas. El, con amplia sonrisa, sigue con sus viajes mostrando las potencialidades del “resurgir de un gigante”, recibiendo a inversores de toda laya, incluso a la nieta farandulera de Mirtha Legrand con quien habló de propuestas “en el ámbito audiovisual”. En tanto, la calle bulle de protesta social contra sus planes, en el Senado naufraga con pataleos su bancada y Caacupé que gritaba en cada homilía diaria la insensibilidad de los gobernantes.

¿Algún asesor que lo respete se atreverá a decirle al oído que “el horno no está para bollos”?

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Textual

“Ya pasaron siete gobiernos, de cinco años, en democracia; y en todo ese tiempo no supimos frenar la sangría de la corrupción que está volviendo anémico al país. Estamos viendo que las autoridades en las que hemos depositado nuestra confianza no parecen darse prisa; están actuando con lentitud, con demasiadas pausas, una apatía que ya empieza a repercutir en la paciencia colectiva. Es de esperar que los representantes gestionen la cosa pública según el mandato de los representados, de lo contrario la democracia se reducirá a un simple engaño por el que, en nombre del pueblo, se gobierna para grupos de poder e intereses de pocos. Pe ñatendemina autoridades nacionales, regionales y locales la ñande gente kuéra problemare”.

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Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

Lo que hay que saber

TRAGEDIA 1. El diputado Harms y otras 3 personas fallecieron en una tragedia aérea. La pista no estaba habilitada, metáfora cruel de décadas de informalidad y corrupción gubernamental.

TRAGEDIA 2. La crisis liberal podría resumirse en la escaramuza entre los senadores Dionisio Amarilla y Líder Amarilla. En la ordinariez, las groseras y fuertes acusaciones mutuas lanzadas.

MERCOSUR. Fracasadas las negociaciones con la Unión Europea, la cumbre regional, que sumó a Bolivia, finalizó su encuentro con la firma de un acuerdo de libre comercio con Singapur.

ÑOÑO. El juicio por corrupción al ex gobernador de Villa Hayes, parte del clan Núñez, es un desafío para la Fiscalía, fuertemente presionada por el cartismo, y los jueces que sentenciarán.

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