Por Carlos Carvallo Spalding (*)
Esta frase de Keynes expresada hace casi 100 años, llamaba la atención acerca de la necesidad de que la política económica se enfocara en los efectos de corto plazo. Ese “largo plazo” en el que de acuerdo a la teoría todas las variables se ajustan, perdía relevancia ante la urgencia de la época, que en la consideración de Keynes era la de abandonar el patrón oro y evitar una recesión económica.
En la década del 20, pero del siglo XXI, en nuestro país se plantea una disyuntiva similar. Con el sistema político enfocado en la agenda electoral, no es esperable ni deseable que, en ese contexto, se procesen reformas más estructurales, ya que casi con certeza cualquier decisión reformista estará pautada por incentivos perversos como consecuencia de las promesas electorales y la aparición de los recurrentes actores políticos indeseados, que son protagonistas frecuentes en los ciclos políticos paraguayos.
La resiliencia de la economía está siendo testeada desde todos lados. Nuestro shock criollo más frecuente, la sequía, revirtió rápidamente las buenas perspectivas que existían hasta la mitad del segundo semestre 2021 y, como consecuencia, se espera una caída de la producción de soja de alrededor del 60% respecto al año pasado, con una reducción en los ingresos del sector en alrededor de USD 2.500 millones, y con externalidades negativas sobre la agroindustria, la cadena logística y algunos servicios. Si a esto le adicionamos el conflicto bélico y las sanciones económicas a Rusia, las aproximadamente 80 mil toneladas de carne que exportamos a ese mercado se verán también comprometidas. Hoy la perspectiva para este año es de una caída del PIB. Si bien la mejora de los precios internacionales puede paliar en parte los ingresos del sector primario, la actividad se verá fuertemente impactada.
Por el lado de la inflación, el panorama también se complicó. El continuo incremento en los precios internacionales de las materias primas pone presión sobre la política monetaria. La inflación está rondando los dos dígitos, la tasa de política monetaria ya se encuentra en 6,25% y la interbancaria en 6,36%, lo que denota que el BCP ha tenido que estresar los niveles de liquidez estructural vía operaciones de mercado abierto para maniatar una inflación díscola. Además, en la encuesta de variables económicas (EVE) los agentes ya no confían que la inflación alcance la meta en el horizonte de política monetaria. Por estas razones, en los sucesivos comunicados, el central ha tenido el cuidado de transmitir que su prioridad exclusiva en este escenario es el control de la inflación.
Dadas estas condiciones, este año vamos a convivir con un escenario de recesión con inflación elevada, con sus efectos negativos sobre los ingresos de las familias, el empleo y, por ende, la pobreza.
Por el lado de las finanzas públicas, tampoco queda espacio para nada. Los ingresos serán menores a los estimados, por lo que para aproximarse a la meta de 3% explicitada para este año, hacienda deberá ejecutar un plan financiero muy austero.
Para completar esta obra que en materia económica pertenecería al género terror, no podían faltar los congresistas nacionales, pidiendo pista para subir al escenario. Luego de cambiar varias veces de versión, entre un fondo de estabilización y diferentes formas de subsidio, finalmente decidieron obligar a Petropar a bajar el precio de tipos específicos de combustible, sin ningún tipo de análisis de impacto, ni mucho menos debate conceptual sobre qué incentivos y que mecanismos de redistribución de recursos se buscaba implementar.
La medida de dumping implementada introduce una distorsión importante en el mercado. Además de no ser suficiente porque está pensada solo para tres meses, genera redistribuciones indeseadas e inequitativas y compromete la meta fiscal. Una mala decisión por donde se la mire.
Por todas estas amenazas, mientras seguimos atentos a la desafiante agenda de reformas estructurales, hoy tenemos que proteger el corto plazo. Los márgenes no existen y las promesas voluntaristas están en el menú político. Si perdemos el ancla de la estabilidad macroeconómica de corto plazo, otro será el punto de partida y condicionamientos en el futuro, a la hora de implementar reformas estructurales.
Son tiempos de ir acomodando los balances fiscales y monetarios, anclar las expectativas de inflación a 18-24 meses, es decir, sostener los equilibrios de la economía y permitir que los precios se muevan libre de distorsiones, de forma a suavizar el impacto de los shocks en la volatilidad del sector real, y que una vez que pasen los choques de oferta que estamos enfrentando, la economía se recupere rápidamente.
Para poder pensar el largo plazo antes, como diría Keynes, tenemos que cuidar las decisiones de corto plazo. Los políticos deben entender que las decisiones económicas se deben tomar en el marco de un debate conceptual y analítico. Su improvisación y voluntarismo, cuando se trata de implementar políticas públicas, suele tener efectos negativos costosos en la economía y el bienestar de la población.
(*) Doctor en Economía. Ex miembro del Directorio del BCP
