Un gran porcentaje de paraguayos y paraguayas colaboran solidariamente, no solo comprando las adhesiones de las polladas –que son actividades solidarias–, sino que también donando los alimentos y también la mano de obra para organizar las maratones de recaudación de dinero para un tratamiento médico.
Es la unidad, la empatía, la fuerza solidaria las que permiten que muchos tratamientos médicos sean posibles. Es la comunidad, la gestora y el Estado, el ausente.
Solo 1 de cada 5 personas en Paraguay tienen acceso a la salud por el Instituto de Previsión Social (IPS) y más del 70% no cuenta con ningún aseguramiento, por lo que tienen que ser atendidas por el Ministerio de Salud Pública, según el informe “La Deuda de la salud” de Amnistía Internacional. Este informe contiene los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2022).
A casi un año del tajante informe que denuncia la situación de la deuda de la salud con los paraguayos y paraguayas, la realidad no cambió. Al contrario, cada día es más acuciante financiar un tratamiento médico.
Si uno mira en su entorno, puede darse cuenta de que un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo depende de estas actividades solidarias para poder pagar un tratamiento médico. Caso contrario es imposible.
Por poner un ejemplo, en el país, Salud Pública no provee las prótesis, cuyos costos son muchas veces impagables por un trabajador que gana un salario mínimo. Una prótesis –que tiene un costo mínimo de G. 20 millones– si no compra el paciente no se opera. Así de simple, pero injusto. Esa prótesis algunas veces proviene de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) cuyo proceso es burocrático y lento, y que solo una pollada puede paliar esta necesidad. Si no, no hay cirugía ni tratamiento. Esta es la realidad diaria de muchas personas. Incluso, el gasto no solo es la prótesis, también se debe comprar insumos, medicamentos y prever otros gastos como estudios de imágenes o laboratorio.
Para Amnistía y la Plataforma por el Derecho a la Salud esta “situación refleja un problema grave y estructural: La falta de financiamiento suficiente al sistema público de salud”.
La salud es considerada como un derecho humano fundamental que está consagrada en la Constitución Nacional. Pero, finalmente, son solo palabras plasmadas en tinta y papel.
Paraguay es uno de los países que ocupa los últimos lugares en cuanto a inversión en la salud.
El país invierte solo el 4% del producto interno bruto (PIB), una cifra mínima atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es del 6%.
Y estas cifras se reflejan en un sistema de salud sin medicamentos, infraestructura colapsada, pocos profesionales para abastecer la alta demanda y, por supuesto, un país muy enfermo.
Por ello, Amnistía vuelve a insistir en su campaña “por una salud pública de calidad en Paraguay” y propone invertir al menos 6% del PIB en salud y que la tercera parte se destine específicamente a la atención primaria de la salud.
También, insiste en mejorar el combate a la evasión fiscal y el ahorro en las compras públicas y aumentar los impuestos sobre bienes que perjudican a la salud, como el alcohol y el tabaco, pero también a las personas y empresas que concentran la mayor riqueza del Paraguay.
Ante este panorama repetitivo surgen las preguntas: ¿Cuándo el Estado brindará un servicio integral de salud pública? ¿Es la salud un valor inconmensurable? ¿Es un privilegio? ¿Es un derecho garantizado en el país? ¿Es asequible?
