En la audiencia estuvieron a más del magistrado, el fiscal Luis Leonel Piñánez, que realizó el pedido de comiso autónomo, a más del defensor Público, Eduardo Velázquez, este último para controlar la regularidad del proceso.
Por su parte, se reconoció la personería a los abogados Darío Antonio Resquín Martínez y Adrián Arturo Moreira, quienes representan a los dos hijos del fallecido Sánchez.
Pese a que se les reconoció la personería, ninguno de los profesionales se presentó a la audiencia, aunque igual podrán participar de las demás diligencias del proceso, en este caso del juicio oral para el comiso de los bienes.

En el caso, la Fiscalía requirió el comiso de varias estancias, vehículos, un avión, y animales vacunos, más dinero en efectivo, conforme refirió el agente del Ministerio Público.
Según explicó Piñánez, el pedido se hizo porque dichos bienes serían productos del lavado de dinero, por lo que solicitan la privación de los beneficios.
Con ello, en el juicio oral deberán probar que los bienes son productos del lavado de dinero, con lo que, luego, pasarán a formar parte de los bienes del Estado paraguayo.
En este caso, aplican la nueva Ley 6039/19, que es una de las que fueron incluidas en las reformas legislativas solicitadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad creada para prevenir y combatir el lavado de dinero.
En el caso, tras la muerte de Carlos Rubén Sánchez, siguen procesados sus hermanos Ardonio y Denilso Sánchez, este último ex intendente, también procesados por presunto lavado de dinero, producto del narcotráfico.
En este caso, aún no se realizó la audiencia preliminar. Esta semana, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, declaró inoficioso el estudio de un recurso contra la fijación de la audiencia preliminar prevista para mayo pasado.