Un nuevo conflicto se desata en la colonia Santa Lucía, del distrito de Itakyry, Alto Paraná, entre campesinos reubicados en dicha localidad por el Estado paraguayo y productores brasiguayos que siguen usurpando tierras adjudicadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), según las denuncias.
Los abogados Princesa Sanabria y Ramón Recalde señalaron que un testaferro de los brasiguayos sojeros construyó un portón en el camino vecinal que conduce a los cultivos de los campesinos paraguayos. Pero estos reaccionaron echando el portón y fueron denunciados por invasión de inmueble ante el puesto policial local.
La instalación del portón fue denunciada ante la Comisaría local el 12 de mayo pasado por Sanabria, pero la denuncia no fue remitida al Ministerio Público en el plazo legal por el jefe del puesto policial, quien, en cambio, sí remitió la denuncia por invasión de inmueble presentada contra los campesinos, según la denunciante.
Este hecho motivó que la abogada Gail González, titular del Indert, emitiera un comunicado amenazando con revocar el reconocimiento de la Comisión Vecinal Santa Lucía en caso de que se compruebe la participación de los miembros en el atropello a la propiedad privada.
Recalde señaló que existe complicidad de los funcionarios del Indert, la comisaría local y jueces de Itakyry en la usurpación de las tierras, que debían estar ya en poder de sus defendidos, para que los brasiguayos sigan plantando y cosechando la soja en la colonia.
CASO. Los representantes de la comisión vecinal denunciaron a un tal Felipe Nery González como el que instaló el portón clausurando el acceso de unas 20 familias a sus cultivos de autocosumo.
Recién ayer una comitiva fiscal de Minga Porã se constituyó en la zona de conflicto para verificar los hechos denunciados por ambas partes.
El Indert había reubicado a más de 500 familias de carperos desde la localidad de Ñacunday a la colonia Santa Lucía, en el marco de una recuperación de las tierras del Estado que habían quedado en poder de personas que no eran sujetos de la reforma agraria.
Sin embargo, por trabas judiciales una extensa parte no pudo ser recuperada hasta la fecha desde el año 2014, y todavía existen varias familias que no tienen sus tierras para el cultivo extensivo prometido por la institución del Estado.