En momentos en que se multiplican los reclamos por los incumplimientos laborales por parte de las empresas y en que decenas de personas expresan su frustración por la falta de acompañamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los diputados colorados Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú) y Raúl Latorre (ANR-Capital) presentaron una propuesta legislativa para flexibilizar el Código Laboral.
De acuerdo con un informe de prensa de la Cámara de Diputados, el proyecto busca alentar la creación de puestos de trabajo exclusivamente a partir de nuevos emprendimientos, previéndose para ello la flexibilización de leyes laborales. Ello, según la exposición de motivos, de manera que ante un eventual fracaso de la inversión no signifique un fuerte impacto en la economía del emprendedor.
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En el proyecto se establece que el despido sin causa justificada del trabajador, habiendo mediado o no preaviso, obligará al empleador al pago de siete salarios diarios por cada año de servicio o fracción de más de seis meses, calculado conforme al artículo 92, inciso b) del Código Laboral.
A los efectos previstos en los artículos 87, 88, 89 y 90 del Código Laboral, la propuesta colorada refiere que el plazo de preaviso para trabajadores con hasta un año de antigüedad, les corresponderá 15 días de preaviso; mientras que a los trabajadores de más de un año y hasta dos años, corresponderá 23 días.
“La medida propuesta no cercena derechos, sino que se funda en la necesidad de dar prioridad para la contratación de trabajadores (nuevos emprendimientos), que en la actualidad, con la economía resentida por la pandemia de Covid 19, se encontrarían con menores posibilidades de encontrar empleo, de las que tenían antes”, según los proyectistas.
Mientras dure emergencia sanitaria
La propuesta de los diputados colorados establece un régimen de excepción a la contratación y terminación de la relación laboral establecida en el Código Laboral, sus leyes complementarias y modificatorias, que estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19.
“Lo que pretendemos es alentar la creación de nuevos empleos; no se trata de recambios, sino de nuevos locales, nuevas sucursales, nuevos emprendimientos que signifiquen la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años (primer empleo) y de mayores de 45 años”, refiere parte de la presentación del proyecto.
Añade que, según un análisis exhaustivo de las consecuencias de la pandemia, los menores de 24 años y los mayores de 45 años son quienes mayor dificultad tienen para el acceso a un puesto de trabajo.
“Los patrones que contraten trabajadores para un nuevo emprendimiento, dentro de las franjas etarias con mayor dificultad para el acceso al trabajo, (menores de 24 y mayores de 45 años), en caso de no tener recursos para sostener el emprendimiento, podrán terminar la relación laboral con una disminución de la liquidación a abonar”, dice el texto legislativo.
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La iniciativa parlamentaria regirá únicamente para el empleador que demuestre la afectación económica directamente relacionada con la crisis desatada por la emergencia sanitaria.
Agrega que entrará en vigencia desde su publicación, por el plazo de un año, tiempo después del cual los trabajadores adquirirán el régimen legal ordinario, establecido en el Código del Trabajo.
Añade que el periodo trabajado bajo el régimen establecido en la normativa, de ser aprobada, integrará la antigüedad del trabajador.
La propuesta será analizada por las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social y, en la de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados.
Datos estadísticos
Según datos del Ministerio de Trabajo, hubo 25.000 despedidos en forma injustificada desde el inicio de la cuarentena por Covid-19, y fueron suspendidos 148.600 trabajadores en total, 75.916 de los cuales ya salieron del estado de suspensión, mientras que 72.684 se mantienen suspendidos.
Entretanto, decenas de personas expresan su preocupación en redes sociales debido a que los canales habilitados por el Ministerio de Trabajo para canalizar las quejas de las personas (por reducción salarial del 30% o más o por extensión de la jornada laboral para aquellos que realizan teletrabajo) son insuficientes para atender la demanda.
