El pleno de la Cámara de Diputados sesiona hoy de manera extraordinaria para tratar el proyecto de ley que declara en situación de emergencia penitenciaria las cárceles de todo el país.
La propuesta fue presentada por un grupo de legisladores a solicitud del propio Poder Ejecutivo. Sin embargo, encuentra cuestionamientos en algunos opositores en lo que respecta principalmente a lo que establece la construcción de establecimientos penitenciarios con recursos del Tesoro Nacional, propios, privados y provenientes de las entidades binacionales, con adjudicación directa (sin licitaciones), lo que implica la utilización discrecional de los recursos.
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social analizó ayer el documento y dictaminó a favor de la aprobación, pero con modificaciones.
Uno de los cambios propuestos desde el órgano asesor es que se dispuso testar el artículo 2 de dicho marco normativo, que dispone que los miembros de las Fuerzas Militares se encarguen del resguardo perimetral de las penitenciarías del país.
Consideran que dicha disposición pueda ser disuasiva, pero ella no soluciona los problemas de fondo y que incluso pueda ser atacada de inconstitucional.
La iniciativa surgió luego de la masacre que se registró en la cárcel de San Pedro, donde fueron asesinados nueve reclusos por miembros del Primer Comando Capital (PCC).
Ya la semana pasada se intentó la aprobación del documento, pero finalmente se decidió su aplazamiento para un mejor análisis. Esto a pesar del intenso lobby del propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.