Durante una tensa sesión plenaria, por mayoría, el Consejo de la Magistratura (CM) aprobó este lunes un proyecto de resolución por el cual se insta a renunciar del organismo al abogado Jorge Bogarín, mientras este se aferró en todo momento al cargo.
El Gobierno de Estados Unidos recientemente incluyó en su lista negra al representante del gremio de los abogados, declarándolo significativamente corrupto y prohibiéndole la entrada a territorio norteamericano de por vida.
Pedro Santa Cruz, representante del Senado en el CM, presentó el proyecto por el presunto mal desempeño de sus funciones en un caso de abuso sexual en niños que estuvo a cargo del ex fiscal de San Pedro Jorge Eduardo López Lohman, tras la declaración del Gobierno norteamericano.
“Algo fundamental para la democracia es el sistema judicial y siempre senté una posición sobre el actuar de Sandra Quiñónez, del doctor (Antonio) Fretes y creo que es el momento de tener un país diferente. La Fiscalía General del Estado tiene que investigar. Propongo solicitar la renuncia de Bogarín en salvaguardia de la institución, que se podría ver afectada ante la gravedad de los hechos”, instó Santa Cruz.
Señaló que se interiorizó del caso del ex fiscal de San Pedro, quien fue destituido de su cargo en el 2021 por el JEM. Calificó el caso de “sumamente grave” e incluso comparó con el proceder del cuestionado ex miembro del JEM Óscar González Daher.
Manifestó que el caso se inició con una denuncia contra el funcionario del Poder Judicial Vicente Ferreira, actuario en ese entonces, por la presunta falsificación de documentos.
“Se les denunció a dos funcionarios más porque falsearon a un procesado por abuso sexual, hoy condenado. Se comprobó que se cometió abuso, entonces también es un hecho gravísimo”, siguió contando.
Seguidamente, aseveró que el caso de abuso sexual estuvo a cargo del fiscal Jorge López Lohman, quien imputó, acusó y consiguió la condena en el caso, puesto que tenía indicios suficientes sobre la comisión de los hechos.
Además, el fiscal formuló la imputación contra Ferreira y otras personas por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, caso en el cual posteriormente se inhibió porque su asistente fiscal era la principal testigo de la causa que se estaba investigando.
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Finalmente, el legislador manifestó que el fiscal López fue enjuiciado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque supuestamente no se inhibió y luego fue destituido.
Por su parte, Jorge Bogarín reconoció su proceder en el caso, pero aseveró que los hechos no ocurrieron tal y como lo describió el senador.
Dijo que la destitución de López Lohman se enmarca en la condena por abuso sexual donde “la Fiscalía tenía la intención de apelar, pero esa apelación no se presentó en tiempo en forma”, por lo que se iniciaron los inconvenientes.
“Les pido a los señores miembros del Consejo que tengan en consideración el respeto de las normas constitucionales, que tengan el respeto que se merece”, esgrimió.
En otro momento, Pedro Santa Cruz volvió a reiterar que el CM ya no puede seguir esperando avances en las investigaciones, tras la declaración de EEUU, y que con dicha situación, la institucionalidad del Consejo corre riesgo. Reiteró que un consejero no puede tener en duda su honorabilidad, por lo que lo que corresponde es que renuncie.
“Le pido al señor Bogarín que dé un paso al costado y salve la institucionalidad del Consejo, reiterando que no estamos señalando culpabilidad alguna de lo que se está juzgando. Lo que acá se trata es de salvar la imagen y el decoro de la institución”, refirió.
Alfredo Kronawetter Zarza, representante del Poder Ejecutivo, indicó que el proyecto de resolución que presentó Santa Cruz denota un cambio importante para tomar ya una postura con respecto al caso y consideró grave lo ocurrido con el caso del ex fiscal fallecido.
Recordó que, si bien Bogarín se puso a disposición del Ministerio Público, dijo que los miembros del Consejo tienen inmunidad, por lo que debe renunciar para someterse a la Justicia como cualquier ciudadano.
El diputado Roberto González se dirigió a Jorge Bogarín y si bien no le pidió directamente su renuncia, le solicitó que tener “criterio” sobre lo que implica para el Consejo de la Magistratura su declaración como significativamente corrupto.
“Quiero apelar al criterio ciudadano de Jorge, para que analice todo esto, porque no quiero que este órgano llegue al extremo. No somos jueces de nuestros pares, pero el Consejo ha sido herido gravemente y podemos entrar en un proceso de deslegitimación de todas nuestras actuaciones en cuanto a integración de ternas”, sostuvo González.
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Gusta Miranda, sin embargo, no acompañó el pedido de destitución de Bogarín y sostuvo que deben contar con elementos para resolver. “No tomar decisiones apasionadas, buscando decir ‘sálvese quien pueda’. Tenemos que ser consecuentes, tener que actuar con equidad, sobre todo con justicia”, alegó, pidiendo que se derive a Asesoría Jurídica.
No obstante, más adelante, dijo que no tendría reparos en adherirse a la resolución, ya que finalmente correría traslado al representante de los abogados, mientras que Miranda y Óscar Paciello manifestaron que se trata solo de “una declaración para apelar a la conciencia” y no de un emplazamiento para que renuncie.
Durante todo el vaivén de intervenciones, Jorge Bogarín se mostró un poco ofuscado y pidió a sus pares que les presenten el sustento por el cual están cuestionando su actuar o debatiendo el pedido de renuncia.
Alegó que la designación de significativamente corrupto de Estados Unidos contra el vicepresidente Hugo Velázquez no afectó en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
La declaración de EEUU
El pasado 23 de marzo, el embajador norteamericano, Marc Ostfield, anunció que el Gobierno estadounidense decidió designar como nuevos significativamente corruptos a Jorge Bogarín, además del ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo y el funcionario judicial Vicente Ferreira.
La Embajada de EEUU indicó que tienen “información fidedigna” de que Bogarín, junto con Ferreira, interfirieron en procesos judiciales mientras trabajaban en el Poder Judicial, por lo que también sancionaron a las cónyuges de ambos, incluyendo a sus hijos.
Ese mismo día, el Consejo de la Magistratura sesionó de forma extraordinaria para analizar las medidas a ser adoptadas luego de la sanción a Bogarín, pero este se adelantó y solicitó permiso al JEM en su calidad de representante del CM y pidió ser investigado.
Además, aseguró que él es una persona transparente y afirmó que buscará aclarar el motivo por el cual el Gobierno de Estados Unidos lo declaró como significativamente corrupto. No obstante, reconoció que conoce al funcionario Vicente Ferreira, como un colega más.
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Posteriormente, se dio a conocer que en tan solo cuatro años el representante de los abogados en el CM tuvo un increíble crecimiento patrimonial, de acuerdo con sus declaraciones juradas. De tener en el 2019 un patrimonio neto de G. 812.320.000, pasó a acumular G. 2.298.563.123 en el 2023.
Diputados de distintas bancadas sostienen que Jorge Bogarín debe ser destituido vía juicio político tras la acusación de EEUU, por lo que ya anunciaron un libelo acusatorio en su contra.
Recientemente Jorge Bogarín formó parte de la conformación de terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia, del también cuestionado e investigado Antonio Fretes.
