Las autoridades salientes del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) autorizaron la suscripción de una adenda para la ampliación de la vigencia de los contratos de los servicios tercerizados de seguridad y vigilancia –vencidos el 10 y 13 de junio– y extendieron el compromiso hasta el 21 y 24 de agosto de este año; mes de asunción de las nuevas autoridades, según dispone la resolución N° 040-029 del 5 de julio. El monto total de la adenda es de G. 10.470.833.512.
La ampliación de los contratos incluye a las cuatro empresas que son: Tapiti SRL, por un monto de G. 2.626.923.955; Prevención SRL, por G. 2.597.395.248; Organización Watchman SRL, por G. 2.630.459.109, y Grupo Sevipar SA, por G. 2.616.055.200.
El documento de la resolución –llamativamente– está refrendado por el consejero doctor Ricardo Oviedo; consejero del Ministerio de Salud Pública, que funge el cargo de titular en ausencia del doctor Vicente Bataglia, que supuestamente se encuentra de vacaciones o de permiso.
También firman la resolución el consejero Gustavo Arias, en representación de los aportantes; el consejero Miguel Ángel Doldán, representante de los empleadores, y Ludia Silvera, representante del Ministerio de Trabajo. No figura el consejero de los jubilados, Roberto Brítez.
La decisión de la adenda se da en plena transición de gobierno, incluso sin que aún el presidente electo Santiago Peña haya oficializado al virtual presidente de la previsional.
La argumentación es debido al vencimiento de los contratos y porque el siguiente llamado se encuentra recién en etapa de “verificación” por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dice el documento.
CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO. Actualmente, el llamado “programado” está en proceso de verificación por un monto total estimado de G. 33.454.493.653 –que puede aumentar– y está bajo la denominación de Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para distintas dependencias del IPS. La licitación aún no está en la etapa de convocatoria.
La anterior licitación del 2022 fue por un monto de G. 52.354.167.564. El llamado del 2021 estipuló un monto menor, fue de G. 34.488.640.165, que se adjudicó también a las cuatro empresas mencionadas. Cada año el monto del presupuesto va en aumento. Incluso con la adenda, la cifra aumenta este año, asciende a un total de G. 62.825.001.076 y beneficia llamativamente siempre a los mismos oferentes, según los registros de Contrataciones Públicas.
La seguridad privada es uno de los servicios tercerizados más polémicos, incluso volvió a licitarse recién en el 2021, tras una serie de denuncias y suspensiones de las licitaciones por acusaciones de supuestos negociados, incluso de monopolio.
En un periodo de 20 meses –del 2019 al 2021–, la seguridad estuvo a cargo de los agentes de la Policía Nacional mediante convenio, pero después volvieron las tercerizaciones en plena pandemia. Este sistema de tercerización en el IPS se afianzó durante la gestión de Vicente Bataglia.
10.470 millones de guaraníes es el monto total de la ampliación de la vigencia del contrato con las cuatro empresas.
52.354 millones de guaraníes es el monto total de los contratos del servicio tercerizado de guardias del año 2022.
33.454 millones de guaraníes es el monto total estimado de la nueva licitación para la contratación de guardias.
AICP no se suma a denuncia de licitación de sábana
Tras las declaraciones de Luis Giubi, empresario del rubro, sobre un supuesto direccionamiento en la licitación de compra de sábanas del Instituto de Previsión Social (IPS), desde la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) informaron que no emitieron una comunicación oficial sobre el tema ni “tomaron una postura gremial en relación” a la licitación ID 429.960.
“La información que circula sobre una supuesta postura gremial es parcial y no de la Comisión Directiva”, dice el comunicado. Añade que: “la AICP se mantiene comprometida con el desarrollo y crecimiento de la industria de la confección en Paraguay, para lo cual apoyará la libre competencia, articulando una estrecha colaboración entre actores del sector público y privado”.
También aclara que semanas atrás, ante la inquietud de los “socios, articularon reuniones entre las partes para encontrar puntos de parecer comunes, así como proveedores alternativos que cumplan el pliego de bases y condiciones”.
CASO. El pliego establece especificaciones técnicas, entre las más llamativas es la que deja de lado a varios oferentes –porque no consiguen la autorización del fabricante– y es que la tela sea 100% algodón del tipo ligamento tafeta1/1, opinó Giubi.
Dos empresas presentaron protestas y denuncias y solicitaron que el requisito sea 50% algodón y 50% poliéster, pero supuestamente los consejeros se oponen a cambiar este requisito. Giubi pidió una licitación más abierta y que se dé oportunidad a más oferentes.
