Antes de la incursión, el agente fiscal Lucrecio Cabrera sobrevoló el área en el helicóptero de la Policía Nacional, constatando la nula presencia de personas, ya que los ocupantes abandonaron la propiedad entre la noche y madrugada previas, al enterarse del desalojo programado para la fecha.
Luego la comitiva tuvo luz verde para ingresar en el inmueble, identificando unas 82 precarias viviendas, cultivos varios, huertas y pozos artesianos que fueron totalmente destruidos con tractores por los propietarios.
“Este es nuestro dilema en todos los casos de invasión, cuando la gente se entera de la presencia de la fuerza pública abandona el lugar, luego buscan la manera de ingresar de nuevo al terreno”, sostuvo el fiscal Lucrecio Cabrera, quien confirmó que la finca cuenta con el título correspondiente.
Aclaró que el operativo se denomina cesación de hecho punible y no desalojo, término que es utilizado en el ámbito civil y en que los dueños toman posesión del inmueble deslindando responsabilidad sobre la destrucción de las viviendas, que quedan en absoluta responsabilidad de los propietarios.
Por su parte, el fiscal adjunto del Alto Paraná y Canindeyú, Édgar Moreno, refirió que se ha conformado un equipo interinstitucional para hacer frente a la deforestación y al narcotráfico que constantemente son denunciados dentro de la reserva natural Morombí, esto, todo dentro de un plan de acción coordinado desde la Fiscalía General del Estado.
En tanto, el grupo importante de sintierras, miembros de la organización General José Gervasio Artigas, se apostaron al costado de la ruta PY03 para observar cómo se procedía a la destrucción de sus viviendas, pero sin reaccionar en ningún momento.
Centenares de policías, con carros hidrantes y helicópteros, fueron movilizados para desalojar a más de ochenta familias de sintierras que llevan años en una finca de Campos Morombí.