En unas elecciones que definirán al sucesor del izquierdista Tabaré Vázquez a partir del 1 de marzo, y en las que los uruguayos también se pronunciarán sobre una reforma de seguridad que prevé la creación de una guardia nacional militarizada para cumplir tareas policiales, el oficialismo se juega su cuarto mandato consecutivo. A pesar de un contexto de estancamiento económico, desempleo de casi 9%, inflación anualizada de 7,76% por encima del techo de la meta oficial, y con un panorama de seguridad en franco deterioro, el Frente Amplio logró una arremetida en las encuestas en las últimas semanas que lo ubican en punta con 40% de las intenciones de voto.
Le sigue el Partido Nacional, liderado por Lacalle Pou en su segundo intento de alcanzar la Presidencia. El más joven de los postulantes con chances de llegar al gobierno tiene 28% de las preferencias de los votantes, y apuesta a formar una coalición de partidos opositores que le dé gobernabilidad si llega al poder.
Los escenarios no podrían ser más distintos para Martínez y Lacalle Pou. Luego de 15 años en el poder, con la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic en 2017 –procesado por cohecho y abuso de funciones–, la izquierda gobernante no tiene socios claros que le aseguren una victoria en una previsible segunda vuelta.
En tanto el ex senador Lacalle Pou apuesta a apoyos del Partido Colorado (liberal, 13% en los sondeos) y del novel Cabildo Abierto (derecha, 11%).
Martínez, un ingeniero de 62 años, y Lacalle Pou, abogado de 46, se medirán previsiblemente en balotaje. Sumados, los votos de la oposición superan a los del Frente Amplio, pero la traslación en una segunda convocatoria no es automática, explica el politólogo Bottinelli. “Por eso, la segunda vuelta está abierta y habrá competencia. Los últimos sondeos muestran favoritismo para Lacalle Pou en un balotaje”, agrega.
Además de votar las fórmulas presidenciales, los uruguayos se pronunciarán por una reforma constitucional de seguridad que ha despertado polémica, en un país que registró un récord de homicidios en 2018 (382), con un alza de 35% respecto a 2017.
Aunque no la apoya ninguno de los candidatos presidenciales, y ha sido objeto de una fuerte campaña en contra por parte de movimientos sociales, sindicatos y del Frente Amplio, la mayoría de los uruguayos (53%) se declara favorable a la propuesta.
Unos 2,6 millones de electores están habilitados para votar el domingo en Uruguay, donde la convocatoria a ir a las urnas es obligatoria.
