Cuando el gasto público no se dirige a prioridades claves, como educación, salud, cuidados, protección social, empleo o producción, no solo se pierde la oportunidad de mejorar la productividad y el bienestar, sino también se afecta a las finanzas públicas, ya que el gasto no genera retornos en el sistema tributario y se presiona al déficit en el presupuesto. Un déficit persistente es insostenible a largo plazo, especialmente si no está respaldado por inversiones que impulsen la economía.
Para financiar el déficit, el Gobierno está recurriendo al endeudamiento público, emitiendo deuda (bonos) o pidiendo préstamos. Sin embargo, si el gasto que se financia con deuda es de mala calidad, el endeudamiento no generará los recursos necesarios para pagar la deuda en el futuro. Esto lleva a un círculo vicioso de mayor deuda y mayores intereses, lo que limita la capacidad del Gobierno para invertir en áreas prioritarias.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó recientemente que parte de la reciente emisión de bonos soberanos serán destinados a financiar el déficit presupuestario. De la emisión de bonos por USD 1.200 millones, USD 480 millones representan la nueva deuda y que permitirá calzar el déficit presupuestario.
El monto restante será destinado al pago de la deuda externa, cuyo compromiso anual se incrementó en 62% con respecto al año anterior, mientras que en el pago de la deuda interna existe un aumento del 22%.
Más allá de la parte del contrato social que no se cumple en el presente, están los compromisos a futuro. Nuestro marco institucional incorpora la solidaridad intergeneracional como pilar de las políticas públicas. Este principio se refleja en múltiples normativas. Probablemente, el ejemplo más claro para la ciudadanía es nuestro sistema de seguridad social que se basa en las contribuciones de la población en edad de trabajar para financiar las jubilaciones. Otro ejemplo es la existencia de normas que protegen el ambiente, los bosques, los cursos de agua, ya que buscan la sostenibilidad en el largo plazo garantizando a las generaciones futuras el disfrute de estos recursos fundamentales para la vida.
La solidaridad intergeneracional implica que las políticas y gobiernos actuales no deben comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Cuando el gasto público es ineficiente, el déficit es elevado y el endeudamiento crece sin control, se transfiere una carga financiera a las generaciones futuras. Estas generaciones tendrán que pagar la deuda acumulada a través de impuestos más altos o recortes en servicios públicos, lo que limita sus oportunidades y calidad de vida. Además, si el gasto público no se dirige a inversiones sostenibles como educación o infraestructura, se reduce el potencial de crecimiento económico futuro, afectando negativamente a las próximas generaciones. Las muertes neonatales evitables son el ejemplo más extremo de los quiebres en el vínculo entre el contrato social y la política fiscal. La mala calidad de los sistemas educativos y de salud es otro ejemplo, menos extremo pero igualmente representativo, ya que la política fiscal está generando deuda que deberá pagarse en el futuro sin generar las capacidades necesarias en el presente.
