Galaverna había conseguido que todos los jugadores de su equipo de fútbol de Ypacaraí figuren como funcionarios de la Justicia Electoral.
El documento que plantea modificaciones a artículos de la Ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes (lavado de dinero), fue presentado por el liberal Édgar Acosta en el periodo pasado (2015), fue dictaminado por varias comisiones asesoras, entre ellas la de Deportes y fue aprobado en general ya en el 2016, quedando en espera del estudio en particular. La intención es que el dinero ilícito no sea utilizado en el deporte.
Acosta recordó que justamente por el lavado de dinero, especialmente en el fútbol, existen compatriotas privados de su libertad, como Juan Ángel Napout y el más reciente caso en plena investigación aún que involucra al empresario Ramón González Daher, dirigente del Club Sportivo Luqueño.
“Lo que queremos dar es una herramienta para que la Seprelad pueda cuidar que el dinero que circula sea de origen lícito, con los últimos acontecimientos, con un apellido famoso (aludiendo a los González Daher) en la ciudad de Luque, nos damos cuenta que no hay control y que efectivamente ese dinero que circula en un deporte tan hermoso como el fútbol, en particular, sea controlado”, aseveró el legislador.
Explicó que no se trata de reprimir que un empresario quiera apostar al fútbol, pero que se tiene que cuidar que el dinero que se aporte sea de origen lícito.
El cartista Walter Harms, cuyo bloque fue el encargado de aplazar la aprobación del proyecto apoyando una nueva prórroga dijo que existen dos cuestiones, “uno de alguien que nos quiere hacer entender que esta ley es fundamental y otros que queremos postergar, porque nos parece irrelevante”. El legislador milita en Honor Colorado, cuyo líder, Horacio Cartes, es el principal financista del Club Libertad.
Entre los cambios planteados en el proyecto de Vallejo figuran las sanciones administrativas a personas físicas infractoras. En ese sentido se eleva la multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales, además de la multa de hasta el 10% del monto total de la operación.
Propone, igualmente, la remoción del cargo con inhabilitación, por un período de 3 a 10 años, para el ejercicio de cargos de dirección.
