Con cada vez más frecuencia aparecen en portadas de medios regionales y de otras latitudes, las ventajas comparativas de Paraguay con relación a los dividendos que pueden percibir aquellos que arriesgan capitales y buscan un buen retorno, insertos en ámbitos amigables a la inversión, sin interferencia de tributos confiscatorios y con un espacio jurídico estable.
Aparece la nación guaraní como la niña bonita, la pepita de oro y la joya mejor guardada, donde se anhela una apuesta hacia el emprendedor que, en su propio país, percibe a un Estado persecutor y no se siente muy a gusto (hablamos principalmente de Argentina y en menor medida, Brasil, como parámetros emblemáticos). Paraguay avanza con fuerza y posibilidades en torno a desarrollo de una economía abierta y sin mucha intervención estatal.
Las miradas, allende las fronteras, se posan en este emergente, “donde hay todo por hacer” y que busca inyectar a sus procesos económicos más inversión extranjera directa (IED), que permita a la rueda seguir circulando y generar más riqueza.
Pero también cunde en el ámbito internacional y es foco de espanto foráneo el progresivo avance de un territorio que ya se consolida como nefasto y majestuoso oasis para el crimen organizado, de la mano del narcotráfico y del lavado de activos, con procesos y hechos puntuales que llenan de sangre vastas zonas y expanden sus tentáculos a nuevos espacios, mimetizándose en el quehacer político local. La inseguridad crece y el sicariato evoluciona peligrosamente.
Las fuertes influencias de un poder fáctico que ya controla agendas públicas, como el caso del clan Rotela y su desmadre en la principal penitenciaría del país, poniendo en vilo las acciones del propio Ministerio de Justicia, hablan a las claras de que la narcocracia se embandera con fuerza avasallante y constituye una multinacional del delito, que tiene sus raíces principalmente en las cárceles paulistas y cariocas, con todo tipo de ilegalidad a cuestas y exportando miedo a otras latitudes.
Sumados a los tópicos anteriores, se confirman con más énfasis los bajísimos niveles en torno a las internacionales pruebas PISA, que evalúan capacidades de niños y jóvenes en edad escolar, con el fin de saber cómo podrán enfrentar el mundo cuando adultos y cómo interpretan e interpretarán el ámbito circundante, ya que en matemáticas, comprensión lectora y otras habilidades persisten indicadores deficientes y niveles paupérrimos en lo que atañe a destrezas básicas, ni qué decir las aptitudes para enfrentar un mundo globalizado, que exige resoluciones complejas a la hora de salir adelante, con cada vez más competencia.
El abandono educativo de décadas, paliado en casi nada por la reforma educativa de los años noventa, se refleja en la poca preparación que exponen franjas poblacionales a las que se les niega oportunidades y se ramifica a casi toda la sociedad, que incluso sigue teniendo deficiencias para organizarse o para saber elegir autoridades, sumida en el mismo círculo semicerrado de quebrantos y plagueos, mientras en los altos círculos político-partidarios continúan con el festín de derroche.
La informalidad podría erigirse como un gran paraguas sobre los anteriores escenarios, incluso el que catapulta al país como atractivo para las inversiones, puesto que en muchos aspectos el Estado se mantiene ausente, sobre todo en su rol de velar por los derechos laborales de miles de trabajadores, pocos de los cuales cuentan con seguridad social o perspectiva de jubilación digna.
Enderezar las irregularidades, erradicar el crimen organizado, generar estrategias para reorientar el sistema educativo hacia la calidad y ganarle a la informalidad, es tarea de las autoridades, principalmente, pero también la sociedad tiene su cuota de responsabilidad, para que la verdadera marca país fulgure con cariz positivo, y no reine solo la imagen empobrecedora que siga sumiéndonos en el subdesarrollo.
