El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Enrique García, expresó, durante una entrevista con la radio Monumental 1080 AM, que el juicio político en su contra, cuya fecha aún no fue definida por la Cámara de Senadores, le genera una preocupación personal pero también institucional.
Aclaró que la CGR es un órgano extrapoder que no forma parte de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo y que tiene como función controlar a toda entidad pública o privada que reciba dinero del Estado.
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Asimismo, dijo que, pese a esta condición, el tema presupuestario –que depende del Ministerio de Hacienda– es uno de los obstáculos que tiene el ente a su cargo.
De la misma manera, expresó que el juicio político puede resultar ser un recurso para ejercer una presión contra el contralor, teniendo en cuenta que, muchas veces, existen intereses por encima de la Constitución Nacional.
“Estar en proceso de juicio político es complicado, por eso estamos saliendo a reivindicar posiciones institucionales, que ahora nos colocan en entredichos con otras instituciones de mucho peso, como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Cuentas”, remarcó.
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Así también, explicó que a pesar de que la Corte aclaró que el Tribunal de Cuentas y la Contraloría no se superponen, en la práctica la realidad es otra, como en el caso de la auditoría a la Municipalidad de Ciudad del Este, cuyos papeles no están a disposición del ente contralor.
Indicó, al respecto, que los documentos del municipio esteño correspondientes a la gestión del año 2017 se encuentran en el Tribunal de Cuentas y que el fiscal de cuentas alega que la Contraloría no puede ingresar o ser parte del proceso.
“Lo que busca la Contraloría es visibilizar la documentación original para que el trabajo de auditoría se pueda realizar”, remarcó.
Contó que, al igual que la Comuna de Ciudad del Este, el propio Ministerio Público había presentado una acción de inconstitucionalidad porque sostiene que el ente encargado de realizar el control de cuentas es el Tribunal de Cuentas y no la CGR.
En ese sentido, refirió que planteará, durante una próxima reunión con el presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, que el máximo órgano judicial pueda ordenar al Tribunal de Cuentas la entrega de la documentación solicitada por la Contraloría.
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Por otra parte, criticó que el Tribunal de Cuentas haya aprobado balances y cuentas de entidades que soslayaron la competencia de la auditoría de la CGR.
Afirmó que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidades instaladas para hacer auditorías o juzgamiento de cuentas y que estarán trabajando solo sobre los documentos que les remiten, realizando auditorías instrumentales.
Refirió que los políticos están interesados en conseguir la aprobación del Tribunal de Cuentas, para que la Contraloría General de la República no asome sus narices en sus gestiones.
En otro tema, habló sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, entre ellos los políticos, y alegó que existe la Ley 5033, de Aplicación, que habla de los datos de reserva, a los cuales se puede acceder solo con mandatos judiciales.
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No obstante, afirmó que si la Corte Suprema de Justicia resuelve un caso que se encuentra en disputa por la divulgación de los datos o si el Congreso aprueba una nueva ley sobre la liberación de los datos, la Contraloría pondrá a disposición las declaraciones juradas al día siguiente.
